El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado que la futura tarjeta social digital incorpore de forma expresa y obligatoria todos los parámetros de accesibilidad universal, con el fin de garantizar que pueda ser utilizada en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad y las personas mayores.

Así lo ha puesto de manifiesto el CERMI en sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la tarjeta social digital, actualmente en fase de audiencia pública. La plataforma representativa de la discapacidad organizada advierte de que el texto normativo examinado no contiene referencias explícitas a la accesibilidad universal, lo que considera una omisión significativa que debe corregirse.

En este sentido, el CERMI recuerda que la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución española eleva a rango constitucional el derecho a que todos los entornos sean universalmente accesibles. Este mandato debe reflejarse también en los entornos digitales del sector público, como es el caso de la tarjeta social digital.

Asimismo, la entidad señala que el ordenamiento jurídico ya establece obligaciones claras en esta materia, como las previstas en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que exige que todos los servicios digitales públicos sean accesibles para las personas con discapacidad.

Por ello, el CERMI propone que el futuro reglamento incorpore una disposición adicional específica dedicada a la accesibilidad universal de la tarjeta social digital. Esta previsión debería garantizar que, tanto en su diseño como en su operatividad y funcionamiento, el sistema sea plenamente accesible conforme a los estándares legales vigentes.

La organización subraya que la tarjeta social digital está llamada a convertirse en una herramienta clave para la gestión y el conocimiento de las prestaciones sociales en España, por lo que resulta imprescindible que su desarrollo no excluya a ningún grupo social y respete plenamente los derechos de las personas con discapacidad.