• El Comité reclama que el Informe de la Subcomisión del Congreso deje de tratar la discapacidad como algo «residual» o «implícito» y la sitúe como un eje central de diseño.
• Denuncia que la falta de accesibilidad universal y de ajustes razonables en los mecanismos de denuncia deja a las víctimas en una situación de «exclusión material» ante la justicia.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha remitido un informe de propuestas a la Subcomisión del Congreso de los Diputados relativa a la lucha contra los discursos de odio, instando a los grupos políticos a que la respuesta pública frente a este fenómeno incorpore de manera expresa, transversal y operativa la realidad de las personas con discapacidad.

Para el CERMI, la inclusión de la discapacidad en este informe no es una cuestión accesoria, sino una necesidad estructural. El Comité advierte que este grupo social está históricamente expuesto a prejuicios «capacitistas» y a una violencia que, a menudo, permanece oculta y fuera del foco institucional. Por ello, considera imprescindible que el documento final de la Subcomisión se refuerce para evitar que la discapacidad ocupe un lugar «residual».

Déficits en la respuesta institucional

Aunque el CERMI valora de forma favorable que el borrador de la Subcomisión incluya medidas de formación y coordinación, denuncia un déficit claro: la discapacidad no está integrada con la intensidad jurídica y operativa necesaria. Según el Comité, el manejo de categorías «generales» de vulnerabilidad es insuficiente si no se traduce en la eliminación de las barreras específicas que afrontan estas personas al intentar identificar un delito, denunciarlo o acceder a la justicia.

«Si las medidas no se formulan con cláusulas expresas de accesibilidad universal (incluida la cognitiva) y apoyos a la comunicación, el sistema seguirá siendo formalmente inclusivo, pero materialmente vedado para las víctimas con discapacidad», subraya el informe.

Propuestas clave del CERMI

Para corregir estas carencias, el movimiento asociativo de la discapacidad plantea cinco ejes fundamentales:

1. Identificación expresa: Reconocer a las personas con discapacidad como un grupo especialmente expuesto a delitos de odio por su trayectoria histórica de deshumanización.
2. Accesibilidad por diseño: Que los dispositivos de denuncia y atención no se «adapten» a posteriori, sino que sean accesibles desde su origen.
3. Garantía de ajustes razonables: Asegurar apoyos personalizados y salvaguardas para evitar la revictimización durante el proceso judicial.
4. Formación especializada y obligatoria: Instruir a los operadores jurídicos y policiales para que sepan valorar la memoria traumática y no descarten denuncias por falsas percepciones sobre la credibilidad de las víctimas.
5. Participación estructurada: Garantizar que el tejido asociativo de la discapacidad forme parte de los mecanismos de coordinación y seguimiento.

Base jurídica: La Convención de la ONU

El CERMI recuerda a los parlamentarios que estas demandas cuentan con una base jurídica robusta, centrada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité insiste en que, según este marco normativo, la accesibilidad es un presupuesto indispensable para el ejercicio de derechos y que cualquier política pública debe abandonar el enfoque de «caridad» para centrarse exclusivamente en los derechos humanos.

Finalmente, el CERMI apela al cumplimiento de la normativa europea y estatal (como la Ley General de Discapacidad), recordando que el odio hacia este colectivo se inserta en una genealogía de desprecio que exige un amparo reforzado en las políticas de protección a las víctimas.