El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe en el que examina los contenidos relacionados con la discapacidad incluidos en el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que modifica el reglamento de extranjería para facilitar procesos de regularización de personas inmigrantes.
El análisis del CERMI identifica varias referencias positivas a la discapacidad en la nueva normativa. Entre ellas destaca la incorporación de la discapacidad en la regulación del arraigo extraordinario, que permite acceder a una autorización de residencia cuando la unidad familiar incluya hijas o hijos mayores de edad con discapacidad que requieran apoyos o no puedan atender sus propias necesidades por razones de salud. Asimismo, la norma contempla la discapacidad o la enfermedad como circunstancias que pueden justificar la prórroga de determinadas autorizaciones o la ampliación de su duración, lo que aporta mayor estabilidad jurídica en contextos de especial vulnerabilidad.
El informe también subraya que algunas medidas de simplificación administrativa previstas en el decreto —como la posibilidad de presentar solicitudes en diferentes oficinas públicas o la habilitación provisional para residir y trabajar durante la tramitación— pueden tener efectos positivos en términos de inclusión y acceso efectivo a derechos para las personas con discapacidad en situación administrativa irregular.
No obstante, el CERMI advierte de importantes carencias desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad. En particular, la norma no incorpora una garantía expresa de accesibilidad universal en los procedimientos administrativos ni regula de forma específica los ajustes razonables y apoyos necesarios, como accesibilidad cognitiva, interpretación en lengua de signos, medios de apoyo a la comunicación oral u otros mecanismos de acompañamiento durante la tramitación.
Asimismo, el informe señala que la discapacidad aparece en la regulación de algunos supuestos concretos, pero no se integra como principio transversal en el diseño del procedimiento, y observa también la ausencia del movimiento social de la discapacidad entre los actores consultados durante la elaboración de la norma.
A la vista de este análisis, el CERMI considera positivas las referencias incorporadas a la discapacidad, pero señala su carácter limitado por lo que es necesario avanzar mediante mejoras normativas o instrucciones de aplicación que aseguren la accesibilidad universal del procedimiento y el derecho a apoyos con arreglo al enfoque de derechos humanos recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.