El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha señalado al Gobierno, a través del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, las prioridades del movimiento social de la discapacidad para ser incluidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible que España ha de aprobar en cumplimiento de sus compromisos con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Como primera gran cuestión, el CERMI ha planteado la garantía legal y material de la accesibilidad universal de todos los entornos, productos y servicios, como condición necesaria para que las personas con discapacidad puedan ejercer todos sus derechos fundamentales y libertades públicas.

En la esfera del acceso al mercado de trabajo, se propone el incremento de la tasa de actividad, en empleos decentes e inclusivos, de personas con discapacidad de un 15 por 100, respecto de los índices actuales, hasta 2030.

En relación con la educación, se propugna la instauración de un sistema educativo inclusivo en todos los niveles de la enseñanza para las personas con discapacidad, reformando la legislación educativa vigente a fin de evitar cualquier desigualdad,  segregación o exclusión.

Otra de las demandas, para por aprobar y desplegar una estrategia nacional de desinstitucionalización de las personas con discapacidad, que proporcione de entorno habitacionales inclusivo en el medio social a las personas ahora que se ven forzadas a vivir en espacios institucionalizados. En este mismo sentido, se exige extender la prestación de asistencia personal entre todas las personas con discapacidad que precisen apoyos intensos para su autonomía personal.

Referido a la igualdad, se plantea realizar una macroencuesta específica sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, que aflore esta realidad oculta y sirva de base a políticas públicas enérgicas a favor de la integridad e indemnidad de la población femenina con discapacidad.

Finalmente, el CERMI pide al Gobierno que la Estrategia de Desarrollo Sostenible incorpore la reforma de la legislación para derogar el internamiento forzoso por razón de salud mental, así como los tratamientos forzosos por este mismo motivo.