CERMI espera que la reforma del artículo 49 suponga una «adaptación profunda del ordenamiento jurídico»

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) han examinado los diez años de vigencia de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en una obra colectiva producto de la contribución de personas expertas que, con perspectiva científica, analizan las múltiples dimensiones de esta norma.

En la presentación del libro se ha puesto de manifiesto la importancia de la reforma del artículo 49 de la Constitución para sumir el término «desiminuído» del texto, pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que para Cermi supondrá «una adaptación profunda del ordenamiento jurídico no solo en materia de discapacidad sino en su conjunto».

El volumen, publicado bajo el título ‘La Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (2013-2023): Balance crítico’, ha sido presentado este lunes en la sede del CERMI, en Madrid.

Ambas entidades han promovido esta investigación jurídico-legal coincidiendo con que el mes de noviembre del año 2023 se cumplía el décimo aniversario de la promulgación del texto refundido de esta legislación marco general en materia de personas con discapacidad en nuestro país, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Esta obra colectiva, coordinada por Rafael de Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno, nutre la serie Derecho de la Discapacidad de la colección Grandes Tratados de Aranzadi, la referencia editorial en español sobre promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

El acto de presentación del libro, conducido por la directora ejecutiva de CERMI, Pilar Villarino, ha contado con la participación del exdirector general de políticas de apoyo a la discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño; la exsubdirectora general de coordinación y ordenación de la Dirección General de políticas de apoyo a la discapacidad, Mercedes Jaraba; el activista, doctor en derecho y Patrono de la FDyD, Javier Miranda y el secretario general de la ONCE y de la FDyD, Rafael de Lorenzo.

En este sentido, la directora ejecutiva del CERMI ha insistido en la importancia de generar conocimiento valioso sobre discapacidad. «Los grandes avances en la agenda política de la discapacidad solo pueden venir de ese análisis riguroso realizado por personas expertas en la materia. Por eso es importante realizar acciones como este libro», ha enfatizado.

Por su parte, Ignacio Tremiño, prologuista del libro, ha recordado que en el periodo 2012-2013 fue muy meritorio sacar la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. «Estábamos en un contexto socioeconómico terrible, con grandes deudas de las Administraciones a las entidades sociales. Sin embargo, en este entorno conseguimos sacar adelante esta Ley».

En esta misma línea se ha expresado Mercedes Jaraba quien ha destacado que «fueron años muy intensos». «Esta Ley salió adelante con el trabajo de mucha gente. Era un texto refundido que era complejo por lo que suponía y las consecuencias que tenía», ha destacado.

Javier Miranda, por su parte, ha señalado que «el patrimonio más importante del movimiento CERMI, de la FDyD es el talento, la aportación de mucha gente. Esto no es una obra personal es un trabajo colectivo.».

Para finalizar, Rafael de Lorenzo ha resaltado que «esta Ley es un texto que ha estado a caballo de distintas legislaturas e ideologías de los gobiernos, lo cual habla de un nivel de consenso y apoyo al sector de la discapacidad».

Tal y como ha explicado De Lorenzo, «esta Ley hay que verla en el marco de una carrera de atletismo de 4×100». «Cuenta el tiempo final que marca el último relevo. Es claro que todo se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, pero en cada etapa, la ley se ha desarrollado cumpliendo su función. Esto es lo que hay que esperar tras la reformulación del artículo 49 de la Constitución que va a obligar a una adaptación profunda de nuestro ordenamiento jurídico no solo en materia de discapacidad sino en su conjunto», ha aseverado

Comparte esta noticia: