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El CERMI y el Ministerio PÚblico coinciden en la necesidad de crear una fiscalÍa especializada en discapacidad

Al mismo tiempo que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamaba al ministerio de Justicia y al Parlamento la creación de una fiscalía especializada en los derechos y la protección jurídica de las personas con discapacidad, en el seno de la Fiscalía General del Estado, el propio fiscal general, José Manuel Maza, declaraba públicamente la necesidad de crear dicha fiscalía, al igual que otra sobre propiedad intelectual y una tercera sobre delincuencia económica.

En diferentes intervenciones pública, tras asumir el cargo de fiscal general del Estado, José Manuel Maza ha reconocido que la discapacidad “ya supone tal volumen de cuestiones, que merecen una fiscalía independiente”. Maza recordaba que durante sus primeros días en el puesto “mantuve reuniones con asociaciones de discapacitados” y aunque reconocía que “se trata de un tema complejo, la personas con discapacidad pueden estar seguras de que el compromiso que he adquirido de velar por los derechos de todos los ciudadanos y en especial de los grupos más vulnerables, se cumplirá”.

En este mismo sentido, recordó el FGE que “también está sobre la mesa el debate sobre el ejercicio del derecho a voto de las personas invidentes, sin necesidad de que vayan acompañadas por otras personas”. Una reclamación que provocó hace unas semanas una manifestación impulsada desde CERMI, Down España y Plena Inclusión frente al Tribunal Constitucional y de la que CONFILEGAL daba buena cuenta de ella en esta crónica y del problema sin resolver del derecho a voto de unas 100.000 personas que ahora no pueden ejercerlo.

A juicio del CERMI, que viene planteándolo desde hace mucho tiempo, la precaria situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, las vulneraciones permanentes y estructurales que se siguen produciendo, y el deber de cumplir los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hacen más necesaria que nunca la creación de esta unidad especializada en la estructura del Ministerio Fiscal.

Desde esta entidad se piensa que el Ministerio Fiscal ha de desempeñar un papel preponderante, dentro de la Administración de Justicia, en la defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad, para lo que debe dotarse de medios y recursos suficientes, de los que ahora adolece, y también de nuevas instancias como la fiscalía especializada que asuma con vigor estas tareas.

La creación de esta fiscalía temática debería venir acompañada de la existencia de fiscalías especializadas en todos los tribunales y las demarcaciones territoriales del Ministerio Fiscal que lo aconsejen tanto por el volumen de asuntos como por la población y la situación de los derechos de las personas con discapacidad de esa área.

En opinión de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la entidad, “El Ministerio Fiscal es la estructura de la Administración de Justicia española más cercana y comprometida con los derechos de las personas con discapacidad. La sentimos como la instancia que ha asumido con mayor convicción el enfoque de derechos proyectado sobre las personas con discapacidad. Y esto a pesar de sus escasos medios personales y materiales, que dificultan la materialización de estos propósitos, que son genuinos”.

Al mismo tiempo destaca que “el volumen de asuntos que llegan a la Fiscalía en los que la discapacidad es un factor relevante crece con intensidad y esto requiere atención, concentración y dedicación, también especialización, pues las cuestiones de discapacidad son complejas y tienen vocación expansiva. He ahí la justificación de la creación de esta Fiscalía especializada que plantea el CERMI, que hace precisa una estructura de impulso y coordinación en el seno de la Fiscalía General del Estado, y subsecuentemente en las de cada demarcación con volumen suficiente que así lo aconseje”.

Mayor vulnerabilidad en personas con discapacidad

Distintos estudios científicos coinciden en que la probabilidad de que una persona con discapacidad intelectual sea víctima de maltrato o abuso es entre tres y diez veces mayor que la de una persona sin discapacidad intelectual. Algunas de las razones de esta mayor vulnerabilidad son las dificultades que estas personas encuentran para expresarse, las elevadas relaciones de dependencia, los contextos de poca intimidad derivados de la necesidad de cuidados por parte de otros y el escaso acceso a programas de educación sexual.

Al mismo tiempo hace unos días, el Defensor del Pueblo solicitó en 2016 a la Secretaría de Estado de Seguridad que valorase “la posibilidad de aprobar un protocolo específico de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para los delitos de odio cometidos hacia personas con discapacidad”.

La Memoria Anual 2016 del Defensor del Pueblo, publicada este martes, recoge la necesidad de un protocolo de actuación específico, teniendo en cuenta que “según los datos estadísticos del ‘Informe de delitos de odio’ del año 2015, los delitos de odio en razón de discapacidad registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido la tercera causa de las motivaciones de esta clase de delito, en concreto un 31,4%”.

La publicidad con menores discapacitados

Este mismo lunes, 27 de marzo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, recibirá a los miembros del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), en el marco de la Comisión de Seguimiento del Convenio suscrito en 2012 entre ambas instituciones para la protección de la imagen de las niñas y niños con discapacidad en los medios de comunicación.

En la citada reunión, José Manuel Maza dará a conocer en la reunión el contenido de la nueva Instrucción de la Fiscalía General del Estado, que aborda “La actuación del Fiscal para la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual”.

26 de Marzo de 2017
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