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PROPUESTA DEL CERMI DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA ADECUARLO A LOS MANDATOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


El artículo 56 del Código Civil, en la redacción dada por la disposición final 1.9 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, establece lo siguiente:

Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

Este artículo entrará en vigor el 30 de junio de 2017.
La redacción anterior del precitado artículo (todavía en vigor) dice:

Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad establecidos en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

La Convención Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificada por nuestro país (B.O.E. 21/4/2008) establece en su artículo 5 lo siguiente:

...todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna...
...Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad


Asimismo, y en particular, el artículo 12.2 de la Convención, dispone:

Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

Finalmente, el artículo 23.1a) de la Convención establece:

Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que: a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;..

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, en el 11º periodo de sesiones (30/3 a 11/4/2013) ha puesto de relieve que estos derechos relacionados con la capacidad jurídica incluyen el acto jurídico del matrimonio:

(I.8) El artículo 12 de la Convención afirma que todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. La capacidad jurídica les ha sido negada de forma discriminatoria a muchos grupos a lo largo de la historia, como las mujeres (sobre todo al contraer matrimonio) y las minorías étnicas. Sin embargo, las personas con discapacidad siguen siendo el grupo al que más comúnmente se le niega la capacidad jurídica en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo. El derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley entraña que la capacidad jurídica es un atributo universal inherente a todas las personas en razón de su condición humana y debe defenderse para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás...

(I.9)... El Comité reafirma que el hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia (incluidas las deficiencias físicas o sensoriales) no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni ninguno de los derechos establecidos en el artículo 12. Todas las prácticas cuyo propósito o efecto sea violar el artículo 12 deben ser abolidas, a fin de que las personas con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás.

(III.25 f) El apoyo en la adopción de decisiones no debe utilizarse como justificación para limitar otros derechos fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente el derecho de voto, el derecho a contraer matrimonio (o establecer una unión civil) y fundar una familia, los derechos de reproducción, la patria potestad, el derecho a otorgar su consentimiento para las relaciones íntimas y el tratamiento médico y el derecho a la libertad.

Nuestra Constitución reconoce también el principio de igualdad, al establecer en su artículo 14:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En el caso del artículo 56 del Código Civil, tanto en la redacción vigente, como en la que entrará en vigor el 30 de junio de 2017, nos encontramos con una discriminación evidente por razón de discapacidad. El problema no es que se condicione la validez del acto jurídico al estado mental psíquico de la persona en el momento de prestar el consentimiento matrimonial, sino que el texto legal no es neutro, pues dicho consentimiento se vincula además a la afectación a determinadas tipologías de deficiencia: mentales, intelectuales o sensoriales, en la redacción aprobada; deficiencias o anomalías psíquicas, en la todavía vigente.

Una deficiencia mental, intelectual, psíquica o sensorial no afecta a la aptitud de una persona para comprender el significado del matrimonio y prestar su consentimiento al mismo.

El lenguaje nunca es inocente. La utilización de expresiones que vinculan o asimilan deficiencia o discapacidad (términos que usa la Convención Internacional aludida y que no son equivalentes, pero sí complementarios) con la posibilidad de limitar la capacidad jurídica resulta discriminatoria. El artículo 12 de la Convención es claro y preciso, y la interpretación que hace Naciones Unidas, como hemos visto, ratifica lo que se argumenta. El hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica y las normas que lo establezcan deben ser derogadas.

Así pues, esta manifiesta discriminación debe llevar al Gobierno y a las Cortes al impulso urgente de Proyecto de ley de modificación de la actual redacción del artículo 56 del Código Civil.

El CERMI propone la siguiente redacción del artículo 56 del Código Civil para acabar con esta discriminación:

“Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. Las personas con discapacidad que precisen apoyos para la toma de decisiones no podrán ser excluidas por motivo de su discapacidad del derecho a contraer matrimonio, siendo obligación de las autoridades y funcionarios que intervienen es estos procedimientos proveer de los apoyos necesarios para la formación y emisión de su consentimiento.”

13 de Noviembre de 2016
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