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INFORME SOBRE CONTENIDOS SOCIALES Y DE DISCAPACIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE 19/10/2016, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA DE 18/10/2016, SOBRE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES, DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MEDIOAMBIENTALES EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, requiere a los Estados adoptar medidas efectivas para garantizar en la ejecución de los contratos el cumplimiento de los compromisos sociales legal y convencionalmente establecidas, en su artículo 18.2, regula los principios básicos de la contratación pública, lo que denota la importancia que se confiere al tema. Además de este mandato general imperativo, se alude expresamente a los aspectos sociales en la definición del objeto de los contratos (Art. 62); en los motivos de exclusión de contratistas (Art. 57); como criterios de adjudicación (Art. 67); y como condición de ejecución (Art. 70).

En base a ello, esta Instrucción se dirige a los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para que avancen en la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que celebren.

Su finalidad es, por una parte, establecer criterios homogéneos de actuación entre todos ellos y, por otra, de servir de guía sobre los requisitos legales que deben cumplirse para su inclusión en aquellos contratos respecto de los cuales no se establece la obligatoriedad de hacerlo pero que, por su objeto, sean susceptibles de incorporar este tipo de cláusulas.

Se consideran cláusulas sociales todas aquellas que se incorporen referentes a materias de política social, ética o ambiental como son: la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, el fomento de la estabilidad en el empleo, la inserción laboral de personas con discapacidad, la accesibilidad, la seguridad y salud laboral, la formación profesional, el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas y la inclusión de requerimientos medioambientales.

El Art. 7 establece una serie de cláusulas sociales de obligatoria inclusión, que son, en síntesis y en lo más relevante para nuestros intereses, las siguientes:



Cumplimiento de la cuota de reserva.

El artículo 8 se ocupa de esta cuestión.

1. Al amparo de lo previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, los órganos de contratación establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que aprueben la obligación de las empresas licitadoras de presentar, entre la documentación general acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, una declaración responsable, cuando sea exigible en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de que al día de presentación de proposiciones cuentan en su plantilla con un número de personas con discapacidad igual o superior al dos por ciento de la misma. La acreditación del cumplimiento de la referida obligación, en el caso de resultar adjudicatarios, se efectuará mediante la presentación, ante el órgano de contratación, de un certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y cuántos de éstos son trabajadores discapacitados. En el caso de que las empresas estuvieran exentas de la citada obligación, la acreditación del cumplimiento se realizará mediante la presentación del certificado de excepcionalidad en vigor expedido por el Servicio Público de Empleo competente y declaración responsable sobre del cumplimiento de las medidas alternativas realizadas durante la vigencia del mencionado certificado.

Inclusión de criterios sociales en la fase de adjudicación.

El capítulo III se ocupa de esta cuestión.

Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa los órganos de contratación podrán atender a criterios relacionados con características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones técnicas del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, siempre que dichos criterios se encuentren directamente vinculados con el objeto del contrato. Esto se contempla además en el Artículo 150 TRLCSP.

Criterios de desempate (Art. 10).


Los órganos de contratación, podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares cualquier otra cláusula que establezca la preferencia en la adjudicación de contratos a favor de determinadas empresas o entidades, siempre que esta posibilidad esté contemplada en la normativa sectorial que resulte de aplicación (A título de ejemplo puede citarse la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (artículo 34).

Ejecución del contrato.

Se podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato.

Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (Artículo 118 del TRLCSP).

Condiciones especiales de ejecución:


Causas específicas de resolución.


Supervisión continua (Art. 14.2).

Se supervisará, con la periodicidad que así se establezca en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos que celebren, que deberá ser al menos con carácter trimestral, el cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Artículo 17. Reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción.

La Disposición adicional decimoctava de la Ley 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016 establece la obligación de los órganos de contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos de reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos, o de determinados lotes de los mismos, a centros especiales de empleo y a empresas de inserción reguladas en la citada Ley 44/2007, o reservar la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Asimismo establece que el importe anual de los contratos reservados será como mínimo del 6 por ciento del presupuesto total adjudicado en el ejercicio inmediatamente anterior en las áreas de actividad que se determinen. De conformidad con lo establecido en dicha disposición adicional, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de hacienda, se concretarán las áreas de actividad susceptibles de esta reserva y las condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento.

Se incluye en Anexo I, cláusulas sociales susceptibles de ser incluidas en la fase de preparación de los contratos, y en Anexo II, posibles cláusulas a incluir como condiciones especiales de ejecución.

28 de Octubre de 2016
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