El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho hoy un llamamiento a forjar una alianza sólida entre las legislaciones y políticas públicas de protección de los consumidores y usuarios y las de inclusión, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Según la entidad, actuando de forma conjunta, los resultados en términos de participación social y ejercicio efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad serán mucho más visibles y eficaces.
Así lo ha expresado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante el acto de presentación celebrado esta mañana en Madrid, en Por Talento Digital de la Fundación ONCE, de la Guía de consumo accesible elaborada por el Real Patronato sobre Discapacidad.
En el diálogo posterior a la presentación de esta publicación, el presidente del CERMI ha subrayado que la condición de consumidor y usuario es probablemente la posición más universal que existe, ya que atraviesa a la casi totalidad de las personas. “No se concibe que haya personas que no compren, adquieran o utilicen bienes, productos o servicios; no hay individuo o grupo de población que no esté inmerso en el ámbito del consumo”, ha señalado.
Sin embargo, no todas las personas pueden participar en el mercado en condiciones de igualdad ni ejercer con normalidad sus derechos como consumidores. En el caso de las personas con discapacidad, la falta de accesibilidad universal en muchos entornos de consumo provoca que, en numerosas ocasiones, sus derechos como consumidores se vean imposibilitados o severamente restringidos.
En este contexto, Pérez Bueno ha recordado que, gracias a una propuesta del CERMI asumida por el legislador, desde el año 2022 el ordenamiento jurídico español reconoce la figura del consumidor vulnerable, categoría en la que se incluyen las personas con discapacidad, lo que refuerza su protección en el ámbito del consumo.
No obstante, el presidente del CERMI ha advertido de que actuar únicamente desde las políticas y la legislación de consumo, o exclusivamente desde las políticas de inclusión y no discriminación por discapacidad, no permitirá resolver ni avanzar de manera significativa en los problemas de acceso que encuentran las personas con discapacidad en el ámbito del consumo. Por ello, el CERMI aboga por una alianza inteligente entre ambos ámbitos de actuación.
Esta alianza debe traducirse en la exigencia de condiciones de accesibilidad universal a lo largo de toda la cadena de provisión y adquisición de bienes, productos y servicios por parte de las personas con discapacidad. En este proceso intervienen múltiples agentes —empresas, administraciones públicas y la ciudadanía en general—, pero también los propios dispositivos de protección al consumidor, como las asociaciones de consumidores, las administraciones competentes en materia de consumo, la red de oficinas de atención al consumidor, los sistemas arbitrales de resolución de conflictos o los canales de quejas y denuncias.
Desde el CERMI se han formulado numerosas propuestas para que el sistema de protección de los consumidores avance decididamente en accesibilidad y, por tanto, en inclusión. Además, el ámbito del consumo puede contribuir de forma significativa al progreso de los derechos de las personas con discapacidad, ya que el propio ordenamiento jurídico en materia de consumo dispone de instrumentos capaces de generar cambios favorables en la accesibilidad a bienes, productos y servicios, ha concluido el presidente del CERMI.