• Lo afirmó durante una sesión del ciclo #PalestraConvenciónONU organizada por el CERMI con motivo del 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• El CERMI destaca que la Convención ha reforzado la visibilidad de las personas con discapacidad y ha consolidado el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha celebrado una nueva sesión de su ciclo #PalestraConvenciónONU, bajo el título “El sistema de los derechos humanos de la ONU, ¿un modelo en crisis?”, presentada por Gregorio Saravia Méndez, delegado del CERMI Estatal de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, y con la participación del embajador en misión especial para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jesús Celada Pérez.

Esta conferencia se inscribe en las actividades impulsadas por el CERMI con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de ofrecer conocimiento social cualificado sobre este tratado internacional y analizar su grado de aplicación en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, debilitamiento del multilateralismo y cuestionamiento del sistema internacional de derechos humanos.

Durante su intervención, el embajador Jesús Celada advirtió de la existencia de “una crisis económica, de coherencia y de legitimidad en el sistema internacional de derechos humanos”, señalando que la reducción de aportaciones financieras a organismos multilaterales y la creciente polarización internacional afectan directamente a la eficacia de los mecanismos de seguimiento de la Convención.

El embajador subrayó que este tratado internacional ha supuesto “el gran transformador del concepto de discapacidad”, al consolidar definitivamente el paso de un modelo asistencial a un modelo basado en derechos humanos, con efectos visibles en reformas legislativas, participación política, accesibilidad universal y reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en numerosos países.

Asimismo, destacó que persiste una brecha relevante entre el reconocimiento formal de los derechos y su cumplimiento efectivo, especialmente en ámbitos como la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad universal o la disponibilidad de datos estadísticos fiables sobre la situación de las personas con discapacidad, lo que limita el impacto real de la Convención en distintos contextos nacionales.

Celada alertó también del retroceso del enfoque inclusivo en determinados escenarios internacionales, señalando que “vuelven a utilizarse términos despectivos para referirse a las personas con discapacidad” y que en algunos países estas políticas están siendo desplazadas de estrategias públicas nacionales e internacionales, lo que supone una amenaza para la credibilidad del sistema internacional de protección de derechos humanos.

El embajador identificó además tres grandes retos emergentes para la agenda global de la discapacidad, como son el impacto de los conflictos armados y los desplazamientos forzosos, el desarrollo de la inteligencia artificial sin enfoque inclusivo y los efectos del cambio climático sobre los grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad, recordando que “el primer colectivo que suele ver comprometidos sus derechos en situaciones de crisis es el de las personas con discapacidad”.

Por su parte, Gregorio Saravia, delegado del CERMI de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, subrayó la importancia de seguir generando conocimiento social sobre este tratado internacional en el año en que se cumple su vigésimo aniversario, destacando que la Convención ha contribuido decisivamente a reforzar la visibilidad de las personas con discapacidad y a consolidar el enfoque de derechos humanos como marco de referencia de las políticas públicas.

Saravia señaló asimismo que este instrumento jurídico ha impulsado reformas legales relevantes en los Estados signatarios, ha fortalecido la participación del movimiento asociativo de la discapacidad en el diseño e impulso de políticas públicas inclusivas y ha favorecido avances en diferentes ámbitos, advirtiendo al mismo tiempo de la necesidad de analizar los riesgos actuales que afectan al sistema internacional de protección de derechos humanos.