El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado un sistema sanitario que garantice plenamente el derecho a la salud de las personas con discapacidad, sin discriminaciones, barreras ni restricciones, con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el próximo día 7 de abril.
En un manifiesto elaborado por su Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario, el CERMI recuerda que el artículo 25 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de este grupo social a disfrutar del más alto nivel posible de salud sin discriminación, y exige a los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para hacerlo efectivo.
La plataforma representativa de la discapacidad en España defiende que la salud debe ser entendida como un derecho fundamental y un bien público que requiere financiación suficiente, estabilidad y políticas orientadas a mejorar los resultados en salud, la autonomía personal y la calidad de vida, evitando que el debate sanitario se reduzca a criterios estrictamente presupuestarios.
Acceso universal y sin barreras
Entre las principales demandas del movimiento de la discapacidad destaca la garantía de un acceso universal y equitativo a la prevención, el diagnóstico, los tratamientos y el seguimiento sanitario en todo el territorio, evitando desigualdades entre comunidades y ciudades autónomas o situaciones en las que la atención dependa del lugar de residencia o de la capacidad económica de la persona.
El CERMI reclama además que todo el sistema sanitario no ignore los determinantes sociales e incorpore plenamente la accesibilidad universal y los ajustes razonables, tanto en los centros y servicios como en la información y los procesos asistenciales, incluyendo apoyos a la comunicación, documentación comprensible, tiempos adaptados y circuitos accesibles.
Asimismo, subraya la necesidad de reforzar la atención primaria y los servicios de proximidad, especialmente en zonas rurales, ya que el debilitamiento de estos recursos incrementa las dificultades de acceso y afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad.
Atención integral a lo largo de toda la vida
El manifiesto reclama un enfoque de atención centrado en la persona, basado en la autonomía, la participación en las decisiones y el respeto a las preferencias individuales, con planificación personalizada y coordinación entre los distintos servicios sanitarios y sociales.
En este sentido, el CERMI insiste en la importancia de garantizar el ciclo completo de la atención sanitaria, desde la prevención y los programas de cribado hasta la rehabilitación y el seguimiento continuado, eliminando barreras que dificultan la detección precoz o el acceso a terapias funcionales.
La organización también demanda el reconocimiento explícito de la atención temprana como un derecho sanitario con acceso universal y sin listas de espera, así como una formación específica de los profesionales sanitarios en discapacidad, accesibilidad y apoyos.
Equidad en medicamentos, productos de apoyo y salud mental
El movimiento CERMI reclama igualmente garantizar el acceso equitativo a medicamentos y tratamientos sin demoras ni barreras económicas, así como mejorar la prestación ortoprotésica y el acceso a productos de apoyo —como prótesis, ortesis o sillas de ruedas— eliminando criterios restrictivos, copagos y desigualdades territoriales.
El documento dedica un apartado específico a la salud mental, que considera una dimensión inseparable del derecho a la salud. En este ámbito, el CERMI pide asegurar el acceso a apoyos psicológicos y atención especializada con accesibilidad universal, y que las políticas públicas incorporen las necesidades específicas de las personas con discapacidad psicosocial.
Participación y datos para políticas basadas en evidencia
Por último, la entidad subraya la importancia de la participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sanitarias.
También reclama que el Sistema Nacional de Salud incorpore de forma sistemática la variable discapacidad en sus registros y sistemas de información, con el fin de disponer de datos desagregados que permitan identificar desigualdades y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.