• Ahora retorna al Congreso, para ratificación o rechazo de las enmiendas introducidas en el trámite de la Cámara Alta.

El pleno del Senado de España ha aprobado hoy el proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, al que ha introducido varias enmiendas de modificación. Como consecuencia, la iniciativa legislativa se devuelve al Congreso de los Diputados para que esta Cámara decida si ratifica o no los cambios operados por el Senado.

El texto aprobado por el Senado ha mantenido los contenidos favorables al sector social de la discapacidad defendidos por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a lo largo de todo el proceso prelegislativo y parlamentario de esta iniciativa normativa.

Así, la nueva Ley de Economía Social define como centros especiales de empleo de trabajadores con discapacidad —como una de las familias de la economía social— únicamente a aquellos que son de iniciativa social, excluyendo de esta consideración a los de iniciativa mercantil o privada, tal y como siempre había planteado el CERMI.

Esta diferenciación no tiene ningún impacto negativo para el empleo de personas con discapacidad, ya que se trata únicamente de una clarificación conceptual sobre cuáles entidades forman parte de la economía social, por atenerse a los principios que la identifican, y cuáles no. Sin embargo, resulta muy relevante para evitar confusiones o interpretaciones interesadas.

Además, el proyecto de Ley aprobado por el Senado continúa con el cambio introducido previamente en el Congreso en virtud del cual se reconoce a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como una entidad de carácter social, además de serlo de economía social. Tras esta consideración legal, podrá ser colaboradora de la Administración General del Estado en los términos previstos en la Ley del Tercer Sector de Acción Social y en sus desarrollos normativos.

Con esta iniciativa legislativa, la agenda normativa de la discapacidad en el ámbito de la economía social continúa avanzando. Tras su aprobación definitiva por el Congreso -previsiblemente la semana que viene- y publicación en el Boletín Oficial del Estado, la nueva ley pasará a formar parte del ordenamiento jurídico vigente como derecho positivo.