• La accesibilidad, la educación y el empleo concentran los principales déficits detectados en la garantía de derechos.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aprobado esta semana su “Informe Derechos Humanos y Discapacidad España 2025” durante la reunión de su Comité Ejecutivo celebrada el 12 de marzo, un documento que constituye el principal instrumento de seguimiento cada año de la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

El informe recoge 145 denuncias por vulneraciones de derechos, 69 propuestas de mejora y 36 avances registrados a lo largo de 2025, lo que permite ofrecer una radiografía detallada del estado de los derechos de las personas con discapacidad en España. Según explicó el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Gregorio Saravia Méndez, “los datos hablan con claridad y muestran tanto los avances logrados como los déficits persistentes en la garantía efectiva de derechos”.

De acuerdo con el análisis realizado, el artículo 9 de la Convención, relativo a la accesibilidad universal, concentra el mayor número de denuncias registradas, seguido por el artículo 24 sobre educación y el artículo 27 relativo al trabajo y empleo, lo que evidencia la persistencia de barreras estructurales en ámbitos clave para la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

El documento también recoge un conjunto amplio de propuestas de mejora dirigidas a reforzar las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos, así como medidas específicas para avanzar en ámbitos como la accesibilidad universal, la atención sanitaria, la educación inclusiva o el empleo digno de las personas con discapacidad. En paralelo, el informe identifica también avances normativos y de política pública registrados durante el último año, lo que demuestra que, pese a los déficits persistentes, existen oportunidades reales de progreso cuando las políticas públicas se orientan desde un enfoque de derechos.

En palabras de Saravia, este informe “no es un ejercicio académico ni un documento retórico, sino un instrumento político que busca convertir las experiencias vividas por las personas con discapacidad en exigencias de justicia, inclusión e igualdad”. Asimismo, subrayó que su finalidad es documentar las vulneraciones de derechos, visibilizar las discriminaciones que siguen produciéndose y ofrecer propuestas concretas para su corrección.

El delegado del CERMI alertó igualmente de que, en un contexto internacional marcado por la polarización política y el auge de discursos de odio, herramientas como este informe resultan fundamentales para fortalecer los mecanismos democráticos de vigilancia, control y rendición de cuentas en materia de derechos humanos, evitando retrocesos en los estándares de protección alcanzados.

El Informe Derechos Humanos y Discapacidad España, que el CERMI elabora de manera ininterrumpida desde 2008, se basa en hechos reales de discriminación documentados por el movimiento asociativo de la discapacidad y cuenta con las aportaciones de diversas organizaciones del sector, lo que refuerza su carácter colaborativo y su valor como herramienta de análisis colectivo.

Con este informe, el CERMI despliega su rol como mecanismo independiente de la sociedad civil para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, contribuyendo a reforzar la garantía efectiva de los derechos humanos de los casi cinco millones de personas con discapacidad y sus familias que hay en España.