El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado un completo documento de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, en el marco del trámite de audiencia pública, con el objetivo de garantizar que la futura norma incorpore de manera transversal el enfoque de derechos humanos de la discapacidad.

La entidad representativa de la discapacidad organizada reclama que los principios de buen gobierno, transparencia y lucha contra el fraude se alineen expresamente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y con el artículo 49 de la Constitución Española, recientemente reformado, asegurando que la arquitectura institucional de la integridad pública sea inclusiva.

La integridad pública debe ser inclusiva

Entre sus propuestas, el CERMI plantea que la futura ley establezca de forma expresa que todas las políticas de integridad pública se diseñen y apliquen en consonancia con la CDPD, garantizando la accesibilidad universal y la ausencia de discriminación hacia las personas con discapacidad.

Asimismo, solicita que las campañas institucionales de prevención y lucha contra la corrupción sean plenamente accesibles en sus contenidos, soportes y canales de difusión, para asegurar el derecho a la información inclusiva y el conocimiento efectivo de los mecanismos de alerta y denuncia.

Formación, contratación pública y tecnología sin sesgos

El CERMI propone reforzar la formación del personal público en igualdad de trato, no discriminación y respeto a los derechos de las personas con discapacidad, integrando estos contenidos en los códigos de conducta y en la diligencia debida del sector público estatal.

En materia de contratación pública, la organización plantea garantizar ajustes razonables para que profesionales con discapacidad puedan formar parte de las mesas de contratación; incluir formación obligatoria en cláusulas sociales, accesibilidad universal y cumplimiento de las cuotas de reserva de empleo y reforzar el carácter socialmente responsable de la contratación pública.

En el ámbito tecnológico, el CERMI reclama que el uso de inteligencia artificial y sistemas algorítmicos en la lucha contra la corrupción se someta a auditorías periódicas para evitar sesgos discriminatorios hacia las personas con discapacidad. Además, advierte de que la digitalización no debe suponer la eliminación de canales tradicionales, debiendo mantenerse vías alternativas y asistencia personalizada para combatir la brecha digital.

Agencia Independiente de Integridad Pública accesible y participativa

En relación con la futura Agencia Independiente de Integridad Pública, el CERMI propone garantizar la accesibilidad plena del canal externo de denuncias, incorporando lectura fácil, lengua de signos, subtitulado y otros medos de apoyo a la comunicación oral, así como sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

De igual modo, es preciso incluir apoyos específicos para mujeres con discapacidad dentro del sistema de protección de personas informantes, con enfoque interseccional; evaluar el impacto de las políticas públicas en los derechos de las personas con discapacidad, incorporando datos diferenciados por sexo, edad y discapacidad.

Gobernanza con enfoque de derechos humanos

El CERMI defiende que la perspectiva de discapacidad debe incorporarse al más alto nivel estratégico, incluyendo al Consejo Rector de la Agencia y a los comités de integridad de cada departamento ministerial, que deberán velar expresamente por el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad universal y ajustes razonables.

Para la entidad, la integridad pública no puede entenderse sin inclusión: “La lucha contra la corrupción y el fraude debe construirse sobre un enfoque de derechos humanos que garantice la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida pública”, afirma el CERMI en su documento de alegaciones.