2026 llegó con un ruido de fondo incómodo, un mundo que parece haber normalizado la sospecha sobre lo que hasta hace poco se consideraba innegociable, los derechos humanos. Con esa premisa, y con la mirada puesta en el vigésimo aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) con la agencia Servimedia, reunieron el martes de esta semana, una conversación de alto voltaje cívico, con el título del encuentro, “Razones de peso, reafirmando el discurso de derechos humanos”. No era un reclamo, era una advertencia. Cinco voces que, desde ámbitos distintos, comparten un mismo diagnóstico, el retroceso no es una abstracción, se concreta en decisiones, recortes, narrativas, y en la fragilidad real de la igualdad.
La Convención está “en peligro, francamente está en peligro”
El encuentro, moderado por José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia y director de Comunicación del CERMI ha contado con la participación de Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y miembro del Comité CEDAW de Naciones Unidas, Manuel García Ortiz, delegado del CERMI de discurso e impacto, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho, miembro del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y patrono de la FDyD, Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, y Jesús Celada Pérez, embajador en misión especial para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el arranque, González Huesa situó el debate en un terreno tan cotidiano como determinante, la paradoja española, “probablemente tengamos en España la mayor legislación, la más completa, de los derechos humanos y de las personas con discapacidad, pero es verdad que hay veces que no siempre se cumple”. La fotografía, sin embargo, no se detiene en el BOE. Este año, además del aniversario de la Convención, se proyectan reformas legislativas relevantes, vinculadas a la dependencia, a la normativa de discapacidad y al desarrollo legislativo del reformado artículo 49 de la Constitución, un paquete de oportunidades que convive, al mismo tiempo, con el riesgo de una regresión cultural y política.
Lo que está en riesgo no son solo derechos concretos, está en riesgo el propio sistema de reconocimiento de los derechos humanos y la igualdad que creíamos conquistada | Ana Peláez Narváez
Ana Peláez Narváez puso palabras a esa sensación de suelo que se agrieta, no solo para el sector de la discapacidad. Lo que está en riesgo, subrayó, es “el sistema y el reconocimiento de los derechos humanos en todo el mundo”, un cuestionamiento que alcanza a “la igualdad y la no discriminación”, y que golpea, además, a otros grupos y poblaciones sociales. Peláez enumeró el mapa de la amenaza con una claridad que atravesó la sala, mujeres, personas migrantes, personas romaníes gitanas, personas LGTBI+. “Parece que lo conquistado se está desmoronando”, dijo, y ese verbo, desmoronarse, explicó mejor que cualquier estadística el clima político global, regional, nacional y también local.
Manuel García Ortiz, advertía, que el retroceso, se alimenta de una “lógica del más fuerte frente al Derecho”, y de una operación discursiva que convierte los consensos democráticos en sospecha ideológica. “Discursos que eran consensuados, que eran defensa de los derechos humanos, se están calificando de ideología muchas veces”, señaló, citando el feminismo como ejemplo evidente de esa etiqueta interesada. El CERMI, afirmó, observa con inquietud cómo se pone en cuestión el soporte que hace eficaces los instrumentos internacionales, porque si ese respaldo desaparece, la Convención y el conjunto del derecho internacional pierden capacidad real de actuación.
Estamos viendo cómo discursos que antes eran consensos democráticos ahora se califican de ideología, y eso debilita la lógica del derecho frente a la lógica del más fuerte | Manuel García Ortiz
La conversación se movió entonces a ese lugar donde la norma choca con la mirada social. Rafael de Asís, desde la academia, recordó que “el Derecho no lo es todo”, y que el gran trabajo pendiente tiene que ver con la conciencia colectiva. En el ámbito de la discapacidad, señaló, sigue costando “el cambio hacia una manera de entender la discapacidad acorde a los derechos humanos”. La sociedad, añadió, continúa viendo la discapacidad como “una enfermedad” o “una imperfección”, y ese imaginario pesa incluso cuando la legislación es avanzada. No se trata solo de aprobar, se trata de transformar, y ahí la educación y la cultura social aparecen como el campo de batalla más persistente.
El Derecho no lo es todo; si no cambiamos la cultura y la manera de entender la diversidad, ninguna ley será suficiente para garantizar la igualdad real | Rafael de Asís
Sara Giménez amplió el foco y lo colocó en la idea de cohesión social, con un acento europeísta. Habló de Europa como un espacio de inclusión, del pilar social de derechos, y de la necesidad de “no dar marcha atrás” en los avances que han construido el mapa de dignidad humana.
La Convención está “en peligro, francamente está en peligro”
Jesús Celada aportó la mirada internacional y, al mismo tiempo, la memoria de la gestión en crisis. Para él, la Convención está “en peligro, francamente está en peligro”. No lo dijo desde el alarmismo, sino desde la evidencia vivida en la pandemia, cuando “los primeros derechos que se vulneraron fueron los de las personas con discapacidad”. Enumeró retrocesos concretos, contratación y empleo, servicios asistenciales, comunicación y acceso a la información, barreras para seguir noticias, incluso estigmas en la calle hacia quienes necesitaban salir con sus hijos e hijas por motivos asociados a discapacidad. Si en crisis el termómetro de derechos se rompe por el extremo más vulnerable, el riesgo, insistió, es estructural.
Celada describió además un escenario internacional en el que la propia ONU está “en el punto de mira”, cuestionada en su utilidad, y advirtió de un efecto dominó que no afecta solo a discapacidad, también a otros comités, como el de derechos del niño o el que lucha contra la discriminación de las mujeres. Frente a esa erosión, reivindicó la trayectoria española, informes periódicos, cumplimiento del Examen Periódico Universal, asunción de recomendaciones, y una voluntad de articular respuestas con ministerios, universidad y tercer sector. Pero introdujo un matiz decisivo, la aplicación de derechos humanos en España pasa por las comunidades autónomas, con competencias en sanidad, servicios sociales y educación. El derecho, si no aterriza en el territorio, se queda en promesa.
Los retrocesos en derechos humanos no son abstractos, responden a decisiones políticas concretas y debemos ser conscientes de ello | Jesús Celada Pérez
Peláez ordenó el diagnóstico en cuatro ejes, cambios legislativos, transformaciones culturales y educativas, distribución adecuada de recursos, y alianzas. España, sostuvo, está a la vanguardia en legislación, aunque siempre mejorable. Pero advirtió sobre dos déficits, falta de recursos para hacer realidad esa normativa, y participación insuficiente de las personas concernidas en el diseño de políticas. Su conclusión fue nítida, para frenar la regresión hay que garantizar espacios cívicos de consulta y cooperación, y protegerlos.
En ese punto emergió uno de los consensos más potentes del encuentro, el valor singular del CERMI. Se recordó su participación en el proceso de gestación de la Convención en 2006, y se subrayó su capacidad para vertebrar diversidad sin fractura, familias, personas con discapacidad, entidades con necesidades distintas, reunidas en una unidad de acción que no es habitual en otros países. De Asís lo explicó desde esa doble experiencia, movimiento asociativo y academia, una plataforma amplia permite representación interna y proyección internacional, y ha convertido al CERMI en un actor directo también en el seguimiento de la Convención.
La excelencia no se sostiene solo con vocación, necesita estructura
Peláez añadió un elemento técnico, pero de enorme calado, el papel del CERMI como mecanismo de seguimiento independiente exige garantías conforme a los Principios de París, y también recursos suficientes. La excelencia no se sostiene solo con vocación, necesita estructura.
Celada, por su parte, reforzó el argumento, la existencia misma de una embajada en misión especial tiene sentido porque el tejido asociativo español ha ido, a menudo, “por delante incluso de la propia administración” en participación internacional. En un contexto global donde el “sur global” reclama espacio, y donde la discapacidad ha estado históricamente marcada por un dominio anglosajón y del norte de Europa, España puede funcionar como puente, conectando Iberoamérica, el Mediterráneo y una respuesta europea con voz propia.
El empleo, como motor de inclusión, atravesó la conversación con insistencia. Celada lo resumió desde la experiencia, cuando llegó a responsabilidades públicas, las preocupaciones principales no eran solo asistenciales, eran “formación y empleo”. Sara Giménez lo tradujo en transformación cultural, lo que supone para el pueblo gitano el salto hacia la inserción laboral por cuenta ajena como dignificación, el cambio de mirada empresarial, la normalización de una cajera gitana como escena cotidiana que desmonta prejuicios. Y defendió algo especialmente relevante en tiempos de polarización, los resultados necesitan tiempo, “se necesita tiempo para transformar las realidades”.
En tiempos de polarización, los resultados necesitan tiempo, “se necesita tiempo para transformar las realidades» | Sara Giménez
En ese recorrido, Giménez introdujo una de las propuestas con mayor carga política, la necesidad de una Ley integral para el pueblo gitano. Recordó cifras que describen una desigualdad persistente, y explicó por qué las estrategias y planes no bastan cuando no son obligatorios. Su relato sobre pobreza infantil, fracaso escolar y chabolismo dibujó una cadena de vulneración “en cascada” que exige cimiento legislativo e inversión pública. “El pueblo gitano necesita aliados y aliadas”, dijo, y señaló expresamente el papel de los medios de comunicación como espacio de alianza.
La economía apareció entonces en su doble filo. Peláez alertó de intereses económicos que se benefician de la desigualdad, desde el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, hasta mercados laborales donde migrantes o colectivos precarizados no ven reconocidos sus derechos en igualdad. Y, al mismo tiempo, se dejó clara una idea que evitó cualquier trampa utilitarista, los derechos humanos no deben medirse solo por rentabilidad, deben respetarse por sí mismos, aunque se haya demostrado que la inclusión genera retorno social y económico. De Asís apuntó además un giro relevante, la noción de ajustes razonables empieza a formulase no solo en términos de carga desproporcionada económica, sino en relación con los derechos, un cambio de marco que desplaza el centro de gravedad hacia la dignidad.
La academia ocupó su lugar como aliada estructural. De Asís explicó el trabajo del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, su apuesta por salir de la “torre” universitaria y conectar con entidades sociales, aunque al principio se hablara “dos lenguajes distintos”. La colaboración con el CERMI y el sector de la discapacidad afirmó, ha sido valiosa para ambas partes, estudiar derechos sin estar en contacto con las entidades y con las propias personas, dijo, simplemente no es posible. Manuel García Ortiz lo remató con una frase que funciona como brújula, “generar conocimiento es imprescindible” para sostener reformas, discurso y acción.
En el tramo final, Peláez introdujo dos claves de calidad democrática, rendición de cuentas y transparencia, sustentadas en datos. Señaló una carencia grave, estadísticas desagregadas e interseccionales insuficientes, encuestas demasiado espaciadas en el tiempo, y ausencia de colectivos en instrumentos centrales, como la falta de mujeres con discapacidad en macroencuestas de violencia contra la mujer. Sin datos, subrayó, las políticas pierden puntería, y la interseccionalidad queda como palabra bonita sin arquitectura real.
Y entonces llegó uno de los momentos más rotundos del encuentro, cuando Peláez reivindicó, pese a todo, una conquista histórica impulsada por el movimiento CERMI, la reforma del artículo 49 de la Constitución. “Modificar la Constitución española para reconocer la dignidad de la gente con discapacidad”, y hacerlo nombrando expresamente a mujeres e infancia con discapacidad, afirmó, es un hito de dimensión internacional. “No lo ha conseguido ningún otro país”, sostuvo, y pidió que España sea consciente de lo que significa.
Celada cerró con una advertencia que, en tiempos de eufemismos, sonó casi como un aldabonazo, los retrocesos no ocurren solos. “Esto se debe a decisiones políticas”, insistió, y recordó un ejemplo concreto en el ámbito de Naciones Unidas, la amenaza de retirar presupuesto que garantizaba la accesibilidad de reuniones del comité de discapacidad. La accesibilidad no es un detalle técnico, es el derecho a estar en la mesa
El encuentro concluyó con una idea que atraviesa toda la conversación y explica el título, las “razones de peso” no son solo argumentos, son vidas, y también es un método, legislar, dotar recursos, educar, medir, rendir cuentas, aliarse, sostener el multilateralismo, y defender la democracia desde su base más exigente, la igualdad real.
Este encuentro se enmarca dentro del proyecto de «Razones de Peso, reafirmando el discurso de derechos humanos» de la FDyD, y cuenta con el respaldo económico del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de su convocatoria de ayudas «Por solidaridad – Otros fines de interés social».