- El COCARMI publica su segundo informe, correspondiente a 2024, de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- El informe, realizado con la colaboración de las entidades miembro, recoge 248 denuncias, 278 propuestas de mejora y 94 avances significativos
- Los derechos relacionados con la educación, la salud y la participación en actividades culturales, deportivas y de ocio son otros motivos habituales de denuncia
Barcelona, 10 de diciembre de 2025. El derecho a la accesibilidad sigue encabezando las denuncias presentadas en Cataluña a lo largo de 2024 por parte de las personas con discapacidad.
Así se desprende del segundo informe de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que hace público el COCARMI, máximo representante del colectivo de personas con discapacidad en Cataluña, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Al derecho a la accesibilidad le siguen, por número de denuncias, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la participación en actividades culturales, recreativas, de ocio y deporte.
Cuando hablamos de accesibilidad nos referimos tanto a la física como a la sensorial y cognitiva. Esto incluye poder desplazarse en transporte público o acceder de manera autónoma a un edificio, pero también disponer de subtitulación e interpretación en lengua de signos en los actos públicos, tener versiones en lectura fácil de los documentos o contar con entornos digitales realmente adaptados, por citar sólo algunos ejemplos. En definitiva, asegurar la accesibilidad es a menudo el paso imprescindible para garantizar el resto de los derechos.
Como ya quedaba patente en el primer informe, correspondiente al período 2019-2023, persisten graves vulneraciones estructurales que impiden cumplir los mandatos establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, el día a día de muchas personas sigue marcado por obstáculos que limitan su participación en igualdad de condiciones y atentan contra derechos fundamentales que deberían estar plenamente garantizados en un Estado social y democrático de derecho.
Las denuncias, por derecho vulnerado
El informe recoge 248 denuncias, 278 propuestas de mejora y 94 avances significativos. De las denuncias:
- 40 tienen relación con el derecho a la accesibilidad (Artículo 9 de la Convención)
- 31 con el derecho a la educación (artículo 24)
- 24 con el derecho a la salud (artículo 25)
- 24 con el derecho a la participación en actividades culturales, recreativas, de ocio y deporte (artículo 30)
También es preocupante la situación de las niñas y las mujeres con discapacidad y los problemas relacionados con la capacidad jurídica y el acceso a la justicia.
Las denuncias, por género y edad
- Las mujeres han interpuesto el 68% de las denuncias y los hombres el 32%
- El 52% de denuncias fueron presentadas por personas de entre 40 y 64 años, el 16% por personas de entre 25 y 39 años y el 12% por mayores de 65 años.
El informe se ha hecho en colaboración con las entidades federadas del COCARMI y cuenta con el apoyo del departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.
Metodología
Los datos se han recogido, por un lado, a partir de la documentación generada por el propio Comité (noticias, notas de prensa…) y, por otro, con la información aportada por los informes de 12 federaciones miembro, en los que se contemplan los incumplimientos específicos de cada discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad.
De esta forma, más allá de la mirada específica sobre cada tipo de discapacidad, el informe del COCARMI ofrece una visión panorámica del conjunto, poniendo de relieve tanto la diversidad de experiencias como los retos compartidos. Las personas pueden vivir situaciones muy diversas a la vez, y es esa pluralidad la que hay que tener presente para entender el conjunto de situaciones que viven las personas con discapacidad. Sólo a partir de conocimientos y datos sobre la realidad que afrontan las personas a las que representamos podemos tomar decisiones, reclamar y actuar de forma coherente y global.
Las personas no somos vulnerables por naturaleza; son las barreras, la discriminación y la falta de accesibilidad las que provocan vulneraciones de derechos. La realidad cotidiana de muchas personas con discapacidad sigue marcada por obstáculos que limitan su participación en igualdad de condiciones y atentan contra derechos fundamentales. En una sociedad que quiere ser democrática e inclusiva, garantizar estos derechos no es una opción: es una obligación. Por eso reclamamos con firmeza las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos con plena libertad y dignidad, como cualquier persona.
El informe se ha inspirado formalmente en el que desde hace años elabora el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) , del que formamos parte, y tiene la mirada puesta, como marco legal de amparo, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .
Capítulo a capítulo, el informe describe las infracciones registradas en relación con distintos derechos descritos en la Convención. En todos y cada uno de los artículos analizados se habla, en primer lugar, de las denuncias; a continuación, se incluyen unas propuestas de mejora y, finalmente, se exponen los avances alcanzados en ese derecho específico.
Demandas
En sus conclusiones, el informe hace un llamamiento a «una apuesta institucional decidida para garantizar e implementar el Código de Accesibilidad, asegurando que todos los espacios sean accesibles física, sensorial y cognitivamente; reforzar los recursos en educación y salud, garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica, y asegurar que el personal de atención disponga de la formación adecuada para atender la diversidad». Además, pide «avanzar hacia modelos de apoyo centrados en la persona, universalizar la cobertura de los productos de apoyo esenciales e impulsar una planificación rigurosa basada en datos y evidencias«. Sólo así, continúa, «podremos garantizar una sociedad con igualdad de oportunidades, dignidad y una inclusión real«.