El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha examinado la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de enero de 2025, para extraer de la misma los contenidos en materia de discapacidad y accesibilidad, y ordenarlos en un informe explicativo.
El objeto del informe es dar traslado y poner en conocimiento del movimiento social de la discapacidad estas novedades normativas, algunas relevantes para mejorar el derecho de acceso a la Justicia de las personas con discapacidad.
Así, se examinan y explican las cuestiones que en la nueva Ley guardan conexión directa con las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia en áreas como el seguimiento de la accesibilidad universal en los entornos judiciales, las competencias de jueces y tribunales, los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, la responsabilidad penal de los menores, el procedimiento para la autorización matrimonial, la asistencia jurídica gratuita, la formación de los mediadores, la jurisdicción voluntaria y el seguimiento estadístico de la violencia de género y sexual, entre otras .
Muchos de estos estos contenidos de mejora del tratamiento o la atención a la discapacidad y la accesibilidad obedecen a propuestas o planteamientos del CERMI o de la Fundación CERMI Mujeres, efectuados durante su trámite prelegislativo y parlamentario, recogidos por el Ejecutivo y el Legislador, producto de esta acción de incidencia política.