El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado una serie de mejoras en materia de acceso, permanencia y progreso de las personas con discapacidad en el empleo público para que el Gobierno las valores y las incorpore al Anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, en fase de elaboración en este momento.
En su documento de alegaciones al texto del Anteproyecto, el CERMI saluda el incremento del cupo de reserva en favor de personas con discapacidad en la Administración del Estado que pasa del 7 al 10 por 100, como venía demandando el sector social de la discapacidad, pero propone que para que ese aumento de oferta sea efectivo, se ha de considerar en la nueva Ley la posibilidad de que “se podrá llevar a cabo mediante convocatorias específicas, según determine la Oferta de Empleo Público correspondiente, si se entiende que de este modo se favorece el grado de cobertura de las plazas ofertadas”.
De igual modo, el CERMI plantea que la exigencia de compatibilidad entre la discapacidad y el desempeño de las tareas y funciones de cada plaza, comporte para la Administración la realización de los ajustes razonables que se requieran, para que quede preservada la igualdad real de los aspirantes con discapacidad.
Otra de las mejoras que sugiere el CERMI es que la Ley en curso recoja que la Administración del Estado establezca marcos de colaboración permanentes con las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias de ámbito estatal dirigidos a promover el acceso, la participación, el mantenimiento y el progreso de las personas con discapacidad en el empleo público.
Finalmente, el CERMI formula como propuesta la creación de un Foro Administración del Estado de Empleo Público de Personas con Discapacidad como órgano de encuentro, participación diálogo y consulta entre la Administración General del Estado y el sector social representativo de la discapacidad de ámbito estatal para la más eficaz promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad como empleados públicos.