El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, afirmó este martes que los apoyos que se presten a este grupo de población no pueden ser “respuestas segregadoras” que las aparten de la vida en comunidad.

Pérez Bueno realizó estas declaraciones en la inauguración del Congreso de Accesibilidad y Vida Independiente: Hábitat e Innovación Inclusivas (CAVI21), organizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) hoy en Madrid.

En su opinión, “la discapacidad es eminentemente social” y la discriminación que sufre este sector “obedece a “un entorno que no está pensado para incluir la diversidad, que nos hostiga y castiga sin culpa” a las personas con discapacidad.

Defendió que para solventar estas “barreras y dificultades” se precisan apoyos de todo tipo, como la asistencia personal y todas las ayudas dependientes de los servicios sociales; económicos, “para compensar las desigualdades de renta”, y tecnológicos, que “ayuden a suplir el funcionamiento corporal”.

Su objetivo es facilitar el acceso y el disfrute de las personas con discapacidad a los bienes y servicios públicos fundamentales como la vivienda, el empleo decente, la educación, la salud o el ocio, argumentó el presidente del Cermi.

Sin embargo, todos estos apoyos “deben darse en condiciones de igualdad”, reclamó, lo que implica “no crear respuestas segregadoras para las personas con discapacidad que les aparten de la corriente general de la vida cotidiana”.

Esto significa que todos los recursos que se diseñen para impulsar el acceso de las personas con discapacidad al entorno urbano, al hábitat, a los transportes, al empleo, al ocio, etc., «han de ser inclusivos». “Si los recursos que se ofrecen apartan a las personas con discapacidad de la vida en comunidad, no son aceptables”, indicó.

En este sentido, reivindicó “la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas”, e insistió en la necesidad de eliminar todas las barreras físicas, tecnológicas, de acceso y cognitivas que excluyen a estas personas de la participación en la vida social y en el ejercicio de sus derechos.

A su juicio, conviene “entender la discapacidad no como un aspecto privado que afecta a la persona y a su entorno más inmediato, sino como un hecho político que se produce y se despliega en el foro público”. “Veríamos entonces a las personas con discapacidad como un importante potencial de mejora social”, una concepción nueva «absolutamente revolucionaria», afirmó.