CERMI Mujeres exige que el acceso a la justicia para las mujeres y niñas con discapacidad se haga efectivo en igualdad de condiciones

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  • Durante la celebración del XXIX webinario ‘No estás sola’ sobre el Acceso a la Justicia de las Mujeres y Niñas con Discapacidad
  • Solicita formación para los operadores jurídicos para derribar las barreras de acceso a la justicia

(Madrid, 7 de abril de 2021). – La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha exigido que se garantice el acceso a la justicia para las mujeres y niñas con discapacidad en igualdad de condiciones con el objetivo de asegurar la tutela judicial efectiva.

Participante durante el XXIX Webinario 'No estás sola' Acceso a la justiciaAsí lo ha manifestado la entidad durante la celebración del XXIX webinario ‘No estás sola’ sobre el Acceso a la Justicia de las Mujeres y Niñas con Discapacidad, que ha dado continuidad a la primera sesión sobre la misma temática y que ha sido organizado por Fundación CERMI Mujeres. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar, durante la pandemia, el acompañamiento y la participación de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad.

Durante la jornada, se ha puesto de manifiesto cómo el acceso a la justicia sigue estando vetado para miles de mujeres con discapacidad, que enfrentan obstáculos de toda índole a la hora de hacer valer sus derechos en sede judicial y se ha reivindicado la formación y sensibilidad en la toma de conciencia para los operadores jurídicos con el objetivo de derribar las barreras de acceso a la justicia. Además, también se ha denunciado la descoordinación de las instituciones públicas responsables, que en muchas ocasiones “no ponen a disposición de las mujeres con discapacidad las herramientas necesarias”.

En este sentido, CERMI Mujeres ha puesto sobre la mesa la necesidad de realizar reformas legislativas para adecuar las normas y desarrollar ajustes en procedimientos y protocolos policiales y judiciales. Además, también se ha denunciado la falta de la accesibilidad a las comunicaciones y a las instalaciones, lo que dificulta a las mujeres con discapacidad alcanzar este derecho en igualdad de condiciones.

De hecho, el artículo 24 de la Constitución española reconoce que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, la entidad ha puesto de manifiesto que “es un derecho reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, en vigor en España desde el año 2008”.

Se trata, por lo tanto, de un mandato jurídico de ineludible cumplimiento, por lo que, según ha asegurado CERMI Mujeres “su conculcación resulta una violación flagrante de un derecho fundamental clave”.

TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Además, también se ha puesto de manifiesto el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre denuncias y sentencias judiciales sobre mujeres con discapacidad de la mano de la periodista feminista especializada en violencia de género, Nuria Coronado. En relación a esto, Coronado ha explicado que el papel de los medios de comunicación es fundamental porque” es el nexo capaz de cambiar a la sociedad informando de una manera real y veraz”.

De la misma manera, ha puesto de manifiesto la falta de empatía y de formación en los operadores jurídicos. Y es que, tal y como ha explicado, según el informe ‘Mujeres, discapacidad y violencia de género’ elaborado por la Federación de Mujeres Progresistas, la policía y el poder judicial no suelen estar formados para actuar adecuadamente en casos en los que una persona con discapacidad participa como víctima acusada o testigo.

Participante durante el XXIX Webinario 'No estás sola' Acceso a la justiciaBARRERAS PARA ENFRENTARSE A LA JUSTICIA

Durante el webinario, también se han dado a conocer diferentes experiencias de mujeres con discapacidad, de familiares de personas con discapacidad y de abogadas que han explicado como algunas de sus clientes, mujeres con discapacidad, han visto claramente violados sus derechos.

Es el caso de Cristina Blázquez, mujer con sordoceguera, que ha visto denegado el apoyo por parte del sistema judicial. “Soy una mujer maltratada y me ha sido imposible poner una denuncia por maltrato porque no me dejaban entrar con un guía interprete”, ha asegurado.

Por su parte, la técnica de relaciones institucionales de FIAPAS, Natalia Beraza, ha presentado varios casos de mujeres sordas oralizadas y usuarias de prótesis auditivas y ha denunciado las múltiples barreras y obstáculos a los que se enfrentan cuando llega el momento de enfrentarse a la justicia. “Estas mujeres necesitan de subtitulado, de un bucle magnético o de una emisora FM, pero la justicia no facilita ningún tipo de recurso para que puedan estar en esa sala para ofrecerles la información y la comunicación de una manera fiel”, ha recordado.

Por otro lado, Mari Carmen, madre de Nerea, una joven con discapacidad, ha explicado que su hija está cursando un grado de Formación Profesional Dual. Ha superado el primer curso, pero como el centro donde estudia no tiene una empresa que pueda admitirla el año que viene para hacer sus prácticas, el centro educativo ha tomado la decisión de que Nerea repita curso. De esta manera, ha lamentado que se ofrezcan plazas para personas con discapacidad si no se les da las mismas oportunidades.

Además, la abogada de oficio, Carolina Ballester; y la abogada Arantza Laburu, han coincidido en el “maltrato sistemático del sistema judicial hacia las mujeres con discapacidad”. Ambas han recalcado la necesidad de centrarse en la mujer con discapacidad que van a defender y en las necesidades que tiene antes de iniciarse cualquier proceso para solicitar y anunciar al juzgado que debe poner los medios suficientes para garantizar la información y comunicación de la mujer con discapacidad. Sin embargo, han lamentado que desde la administración no se cuente con todas las herramientas.

Por último, ha participado la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, quien ha puesto de manifiesto el déficit de formación que existe en la justicia y la necesidad de aceptar las diferentes formas de comunicarse para que la mujer con discapacidad encuentre la mejor manera de expresarse. Además, ha recalcado la importancia de reivindicar la garantía de este derecho y trabajar desde la administración para que los actos procesales sean accesibles para las mujeres con discapacidad.

Además, la fiscal ha reconocido la importancia de la celebración de estos webinarios ya que aportan “conocimiento para acercar a las mujeres con discapacidad al ejercicio de sus derechos además de ofrecer formación a personas especializadas y profesionales del movimiento asociativo de la discapacidad”.

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