• Así se ha planteado en el Seminario ‘Las personas con discapacidad en el nuevo proceso penal’, organizado por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad.

(Madrid, 5 de marzo del 2021).- El vicepresidente del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Anxelu, ha planteado la necesidad de que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que está diseñando el Gobierno, “esté presidida por los principios de la no discriminación, la accesibilidad universal y el respeto a la autonomía personal”.

Así lo ha manifestado durante la celebración del Seminario ‘Personas con Discapacidad en el nuevo proceso penal’, organizado por el CERMI junto con la Fundación Derecho y Discapacidad.

En este sentido, ha continuado, para estas propuestas tendrán relevancia los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de la ONU, relativos al igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia y libertad y seguridad de la persona. Por eso, esta nueva ley debe garantizar, según ha explicado, la igualdad de condiciones y la no discriminación de las personas con discapacidad en el proceso penal, poniendo a disposición de estas personas ajustes de procedimiento y los apoyos que necesiten, así como garantizar así su participación.

Por su parte, María José Segarra, Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y atención a los mayores, ha considerado un acierto el reconocimiento de la diversidad y la necesidad del procedimiento de adaptarse a ella, ya que comprende el derecho a la defensa, con la obligación de adaptar todos los trámites procesales y el derecho a una participación eficaz. No obstante, ha reconocido que las barreras que hay no captan las necesidades de las personas con discapacidad. Por lo que, para ella, es necesario introducir dentro de la cláusula de garantía todas las medidas de adaptación de los procedimientos.

Por su parte, Joaquín Delgado Martín, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, ha abordado las garantías y ajustes del proceso penal en los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ha hecho referencia a la efectividad de la tutela judicial de las personas vulnerables en el proceso penal, que, según ha explicado, exige la adopción de ajustes razonables y necesarios.

Delgado Martín ha afirmado que esto afecta a los responsables del sistema judicial para que promuevan el desarrollo de las políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de sus beneficiarios, y a todos los servicios y operadores del sistema de justicia para que apliquen las medidas que se adopten y otorguen a las personas con discapacidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Para él, las reglas de Brisilia han de convertirse en un referente del sistema judicial español, como ya ocurre en los países de la comunidad iberoamericana.

Por otra parte, ha considerado que resulta necesaria una lectura de ley de enjuiciamiento para analizar si los derechos de las personas y grupos vulnerables se encuentran suficientemente tutelados en su relación con la Administración de Justicia. “Lo que deviene especialmente relevante en el seno del debate público abierto en relación con el reciente anteproyecto de la nueva ley de enjuiciamiento criminal”, ha concluido.

El abogado experto en temas de discapacidad, Torcuato Recover, de Plena Inclusión, ha centrado su ponencia por un nuevo proceso penal, protector y respetuoso con las personas con discapacidad. Durante su intervención ha hecho referencia a las barreras y obstáculos procedimentales a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su acceso a la justicia, tales como la complejidad y rigidez de los procedimientos o la falta de formación especializada, demostrando que “el sistema judicial ha fracasado completamente”.

A través de la práctica jurídica, ha puesto de manifiesto cómo la falta de ajustes de procedimiento, sitúan a la persona con discapacidad en una situación de vulnerabilidad e indefensión.

Otra de las personas expertas que ha participado en el Seminario es Patricia Cuenca, doctora en Derecho y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, ha planteado una ponencia sobre los parámetros de un proceso penal garantista para las personas con discapacidad, basados en la Convención de la ONU. Para ello, ha propuesto una serie de cambios al texto del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, para ella, debe estar presidido por la accesibilidad universal y por las situaciones de vulnerabilidad.

Entre estos, ha apuntado a la incorporación del principio de accesibilidad como principio básico del proceso para garantizar un acceso real, efectivo y equitativo a la justicia, así como incorporar el concepto de vulnerabilidad, e incorporar un capítulo sobre garantías y derechos de las personas con discapacidad.

En este sentido, ha abogado por unas modificaciones desde la fase de denuncia o detención hasta la emisión de la sentencia o la ejecución de las personas con discapacidad para poder participar en el proceso penal en todas las fases y procedimientos. Estas modificaciones a las que ha hecho referencia son las relativas a la accesibilidad, en información y comunicación, a la garantía de la identificación temprana de las situaciones de vulnerabilidad, y su constancia en el proceso, a la evaluación de las necesidades de apoyo por un equipo multidisciplinar, y a arbitrar cauces procedimentales para evaluar las situaciones de discapacidad y necesidad de apoyos.

Panel: ‘Las demandas de la sociedad civil de la discapacidad’

A continuación, ha tenido lugar un panel enfocado a las demandas de la sociedad civil de la discapacidad, que ha sido moderado por Rafael de Lorenzo, secretario General de la Fundación Derecho y Discapacidad y presidente de la Sección de Discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). En él ha participado Esperanza Alcaín, Doctora en Derecho, Profesora de la Universidad de Granada y Patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, quien ha hablado de la necesidad de capacitación y/o especialización de los operadores judiciales acerca del nuevo paradigma de la Convención de la ONU y de la necesidad de defender y conseguir un mayor número de profesionales y operadores jurídicos con discapacidad.

Por parte de Salud Mental España, Iván San Martín ha hablado de la diversidad de la discapacidad y de la necesidad de que los ámbitos procesales estén adaptados a cada discapacidad, bajo el derecho de defensa en las mismas condiciones para todas las personas y del derecho de autonomía personal y de plenitud decisioria. “Tenemos que superar el estigma que compromete que las personas con problemas de salud mental tengan todas las garantías del proceso penal”, ha añadido. Asimismo, Raquel Valle, de Confederación Autismo España, ha reclamado que para que este anteproyecto de la ley de Enjuiciamiento Criminal cumpla las expectativas, faltan recursos para desarrollar los ajustes razonables para las personas con discapacidad, así como una formación que permita a los operadores jurídicos entender la realidad de la discapacidad.

Por último, Ángeles Blanco, de Confederación Aspace, se ha referido precisamente a las personas con parálisis cerebral a la hora de tener en cuenta las adaptaciones del sistema judicial para estas personas. En este sentido, ha denunciado la vulneración grave de derechos como la incapacitación judicial y ha reivindicado los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para asegurar un proceso penal garantista en las personas con parálisis cerebral.

Conclusiones Seminario ‘Las personas con discapacidad en el nuevo proceso penal’

El delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín, ha señalado que “la Justicia debe contemplarse desde la Convención. La discapacidad nos iguala, nos protege, nos libera y nos incluye a las personas con discapacidad”.

Según ha indicado, hay que reivindicar en el contexto de esta ley los ajustes del procedimiento para hacer valer a un juicio imparcial y justo. En definitiva, ha indicado que se tiene que escuchar a la persona con discapacidad, ponerla en el centro, porque es una realidad heterogénea, y darles los apoyos que aseguren su participación en el proceso y que estos derechos no queden en precario, y ajustarlos también a las víctimas y testigos.

Otra de las conclusiones ha sido ofrecida por Juan Manuel Fernández, Magistrado y Vocal del Consejo General del Poder Judicial y también Presidente del Órgano Rector del Foro Justicia y Discapacidad. Para él, esta nueva ley procesal “es muy importante”, pero su tramitación será larga, y por ello conviene que los principios que se recogen en este texto tienen que tener una aplicación inmediata a problemas que son reales. Según ha incidido, “esta línea es en la que hay que trabajar y es la línea también del Foro Justicia y Discapacidad, creado para eliminar las barreras u obstáculos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad”. “No hay democracia si no hay un estado de derecho, y no hay estado de derecho sin un proceso justo”, ha aseverado.