El CERMI plantea al Senado medidas ‘SOS Discapacidad’ para recuperar la garantía de los derechos de inclusión y bienestar de las personas con discapacidad

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  • En el marco de su comparecencia ante la Comisión de Políticas Integrales en el Senado.

(Madrid, 4 de marzo del 2021).- El presidente del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha planteado al Senado “un plan de choque”, una serie de medidas “SOS Discapacidad”, para una adopción “lo más inmediata posible”, “con gran impacto social”, que procurarían “un beneficio tangible” para los derechos de inclusión y bienestar de las personas con discapacidad, “en estos tiempos genéricamente de devastación y particularmente de destrucción de lo que habíamos conseguido como consecuencia de la crisis de la pandemia”.

Así lo ha propuesto este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado formada por todos los senadores miembro de todos los grupos parlamentarios.

Entre estas medidas que ha planteado Pérez Bueno, destacan: la vacunación contra el Covid de todas las personas con discapacidad y sus cuidadores y asistentes, “otorgándoles prioridad”, ya que, ha asegurado, “son las que más han sufrido el impacto de la pandemia”.

Foto del presidente CERMI Luis Cayo Pérez Bueno en su comparecencia ante el SenadoAsimismo, ha solicitado un nuevo baremo de discapacidad, que es el instrumento técnico que tiene la administración para determinar quién tiene la discapacidad, en qué grado, de qué tipo y qué apoyos necesitaría. “Sería la puerta de entrada al sistema de recursos, de acompañamiento, de prestaciones públicas”, ya que, ha indicado, “la situación actual de nuestro baremo es del año 1999 y no refleja el enfoque social de la discapacidad y provoca muchos problemas”. No obstante, ha reconocido que un acuerdo amplio entre las Comunidades Autónomas, Gobierno y entidades sociales sobre este nuevo baremo, que “solo necesita el impulso para convertirse en un nuevo real decreto”.

Otra demanda del CERMI es el problema que atañe a la pérdida de miles de empleos o a la no creación de nuevos empleos para personas con discapacidad, debido  a la infracción legal de la Ley General de Personas con Discapacidad, ya que, tal y como reconoció el Tribunal Supremo, al haberse extralimitado el Gobierno en la delegación legislativa de esta norma, desde 2018, las personas que tienen una incapacidad permanente laboral o de Seguridad Social, ya no están asimiladas a las personas con un grado de discapacidad del 33% o mayor.

Por otra parte, ha expresado que se necesita llegar a un acuerdo de regulación de ámbito estatal de la asistencia personal, “la prestación más inclusiva”, la que se destina a las personas con grandes necesidades y gran intensidad de apoyo para poder tener una autonomía personal mínima; y que es necesario que las Cortes terminen decidiendo sobre el copago en dependencia, ya que, además hay una iniciativa legislativa popular en el Congreso, fruto de 740.000 firmas obtenidas por el movimiento CERMI, que “son de 2015 y todavía no se ha tramitado”.

Otra demanda que ha planteado el CERMI es la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. En este sentido, ha señalado que “100.000 personas con discapacidad mayores están encerradas en sus casas, en un confinamiento perpetuo, recluidas porque no hay medio de hacer accesibles sus viviendas que están sometidas al régimen de Propiedad Horizontal”. “Aquí proponemos un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, específico y monográfico, dedicado a la accesibilidad en la vivienda, que permitiera la accesibilidad de 100.000 viviendas y 100.000 inmuebles, dando así una finalidad social a los Fondos Europeos que España tiene asignados”.

Además, ha continuado, “necesitamos también que se regule legalmente la accesibilidad cognitiva porque es una de las dimensiones de accesibilidad que no tiene soporte normativo y que precisa de una regulación de la que carecemos”; al tiempo que ha solicitado, en materia de accesibilidad, que se dote de accesibilidad universal al teléfono 112, que carece de ella para cada una de las discapacidades. En esta línea, también ha reclamado la aprobación del Reglamento de Accesibilidad Universal de ámbito estatal a bienes y servicios a disposición del público que lleva desde 2005 de retraso.

En el ámbito de la mujer, en el marco del 8M, ha apuntado a la necesidad de una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, que descubra esta realidad invisible. Y en el ámbito de la salud mental y del bienestar y de la salud para todas las personas con discapacidad, necesitamos una estrategia nacional del suicidio y un teléfono público de atención a esta lacra, que supone el mayor número de muertes por razones asociadas o afines a la discapacidad.

En otro orden de cosas, ha indicado que también hay que eliminar el límite de 18 años en la prestación de la Seguridad Social por hijo menor con cáncer u otra enfermedad grave.

En cuanto a las situaciones de soledad no deseada, que tienen un impacto desmedido en las personas con discapacidad mayores, Pérez Bueno ha demandado una estrategia nacional que fomente la sociabilidad, el acompañamiento, la solidaridad intergeneracional “y que no haya nadie que esté solo”.

Por último, se ha referido al “momento crítico” que está atravesando el Tercer Sector Social, en el que muchas organizaciones no van a `poder remontar la situación de esta crisis. “Las demandas se han disparado y hay más presión para dar servicio y atención cuando los recursos apenas se han incrementado”. “Hay un riesgo de que un tercio de esas entidades puedan desaparecer o con una mínima actividad, lo cual perjudicará a las personas que asisten”, ha concluido.

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