El movimiento CERMI denuncia la mayor exposición de mujeres y niñas con discapacidad a la trata y explotación sexuales

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– En el Día contra la Trata de Personas.

El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 68/192 decidió designar el 30 de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”. Según estudios e informes recientes, las mujeres y niñas con discapacidad sufren mayor riesgo de explotación y pueden estar expuestas a mayor riesgo de ser víctimas de la trata de personas. Los estudios señalan pruebas del vínculo directo existente entre algunas formas de discapacidad y distintos patrones de la trata, como son la mendicidad forzada y prácticas de explotación laboral.

Las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo invisibles en los instrumentos internacionales que prohíben la trata de personas, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Ninguno de los dos documentos contiene referencias a la discapacidad.

Aunque el Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 ha tenido en cuenta la discapacidad en algunas de sus actividades previstas, como por ejemplo en la acción 64 del objetivo 4 de la prioridad 2, sobre la adopción de medidas para mejorar la respuesta de los recursos especializados en el supuesto de que deban atender casos de mayor vulnerabilidad (discapacidad, víctimas menores de edad, víctimas con hijos e hijas menores o con discapacidad y otras situaciones) o en la acción 65  sobre  el fomento de la capacitación en materia de trata de personas a profesionales de recursos específicos de atención a personas con discapacidad intelectual, a fin de adecuar la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual que presenten este tipo de discapacidad), sin embargo es necesario intensificar estos esfuerzos desde una perspectiva más amplia e interseccional en la política pública sobre estas cuestiones, que debe reconocer y abordar los derechos y la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, al objeto de asegurar una adecuada protección en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la CEDAW, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La falta de toma de conciencia entre las mujeres y niñas con discapacidad en relación con sus derechos y con la explotación y sus peligros hace que sean incapaces de autoidentificarse como víctimas y que sea más fácil para los traficantes manipularlas.

Además, hay que tener presente que, debido a la falta de acceso a la educación y al empleo y el riesgo significativo de pobreza, las mujeres y niñas con discapacidad tienen más posibilidades de ser víctimas de las redes de tráfico de personas. El Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ha mostrado su preocupación por la situación de las mujeres y niñas con discapacidad que viven en la pobreza, que suelen estar expuestas a formas de explotación y maltrato como la mendicidad y la trata con fines de explotación laboral y sexual. La privación de libertad, la segregación y la institucionalización de las mujeres y niñas con discapacidad aumenta de forma significativa el riesgo que corren de ser víctimas de la trata.

Por otra parte, la falta de accesibilidad y de garantías adecuadas, que incluyen ajustes razonables y medidas de apoyo, incrementa el riesgo de que las mujeres y niñas con discapacidad sean víctimas de la trata y la explotación y no puedan acceder a los sistemas de apoyo en tanto víctimas. Con frecuencia los apoyos que se prestan a las víctimas de trata y explotación sexual no son ni inclusivos, ni accesibles.

Esta realidad permanece totalmente invisible en las políticas públicas en materia de trata y explotación sexual en nuestro país por lo que es necesario impulsar investigaciones que permitan realizar un análisis de situación, articular herramientas de toma de conciencia para denunciar este tipo de delitos, así como impulsar medidas inclusivas de atención y recuperación de las víctimas.

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