El derecho humano a una vivienda digna, “quiebra estrepitosa” en el caso de las personas con discapacidad, según el CERMI

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  • Así lo ha trasladado la entidad al relator de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada

(Madrid, 26 de noviembre de 2019).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denuncia que las personas con discapacidad  experimentan “quiebras sustanciales en el goce y disfrute del derecho humano a la vivienda”, a pesar de estar contemplada esta realidad de forma específica en tratados internacionales y en la propia Constitución.

Así lo ha trasladado la entidad en respuesta a un cuestionario del relator de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada, en el que pone como ejemplos de textos legales que consagran este derecho el Pacto Internacional de los Derechos Sociales Económicos y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea Revisada, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ,  la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.

Para el CERMI, a pesar de los progresos normativos a nivel estatal, la regulación en vivienda sigue sin acomodarse totalmente a los mandatos de los tratados internacionales de derechos humanos, lo que debe corregirse, a tenor de las diferentes recomendaciones que ha realizado España a Naciones Unidas. Así, ante la inseguridad jurídica para hacer efectivo el derecho humano a la vivienda, pide que se promueva una regulación que contenga y otorgue efectividad, especialmente en el ámbito judicial, a las decisiones de los órganos de tratados internacionales de derechos humanos.

Además, la entidad reclama al Estado español impulsar un plan de desinstitucionalización que afecte de forma transversal a las políticas de vivienda y de atención a la dependencia, con dotación presupuestaria suficiente, con el fin de garantizar la vida independiente con los apoyos necesarios.

También urge a eliminar las barreras de acceso a la justicia que siguen sufriendo las personas con discapacidad, lo que dificulta que puedan acudir a los tribunales en igualdad de condiciones en situaciones de desalojo forzoso o cuando una comunidad de vecinos se niega a realizar reformas para acabar con barreras arquitectónicas que impiden a las personas con movilidad reducida entrar y salir libremente de su hogar.

En definitiva, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide que se ejecuten todas las acciones encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda digna a las personas con discapacidad, porque no tener hogar es mucho más que estar sin techo, porque vivir en un hogar, en una casa, conlleva muchos más puentes y enlaces que la sola existencia de unas llaves y un edificio de ladrillo.

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