CERMI: “España avanza en materia de discapacidad, pero como un mal estudiante, se conforma con aprobar algunas asignaturas”

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  • En una entrevista en la revista ‘SobreRuedas’, del Instituto Guttmann, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos ha repasado las fortalezas y debilidades de España en la implementación de la Convención Internacional de la Discapacidad

(Madrid, 12 de octubre de 2019).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha asegurado que “es de justicia reconocer que España avanza en materia de discapacidad, pero, como un mal estudiante, se conforma con aprobar algunas asignaturas mientras deja pendiente el resto”.

Así se ha pronunciado el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos, Jesús Martín Blanco, en una entrevista con la revista ‘SobreRuedas’ del Instituto Guttmann, en la que repasa el grado de cumplimiento por parte del Estado español de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Existe un tibio compromiso a la hora de que la Convención permee las políticas públicas. El Gobierno central lo tiene más claro, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos la ven muy lejana”, lamenta el delegado del CERMI, quien explica que las observaciones que realiza el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad a España “en ningún caso deben verse como un castigo, sino como una oportunidad de mejora, de cambio social”.

Entre las asignaturas más importantes que sigue teniendo pendiente España para la implementación de la Convención, Martín Blanco subraya el hecho de que no se hayan prohibido por ley las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, una práctica que sufren especialmente las mujeres y niñas.

En este punto, alerta de que “las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de formas agravadas de discriminación”, y “no solo por los efectos perversos que producen los estereotipos de género construidos desde el machismo y el patriarcado, sino también de esas otras ideas construidas por una sociedad capacitista que acaba expulsando de la sociedad a miles de mujeres y niñas con discapacidad, condenándolas a la invisibilidad, incluso en el marco de las políticas de igualdad más avanzadas”.

Por otro lado, el delegado del CERMI critica que el artículo 763 de la Ley de enjuiciamiento civil mantenga el internamiento no voluntario por razón de trastorno mental, “poniendo en peligro la libertad, la seguridad y la integridad de las personas con discapacidad psicosocial” y contraviniendo los mandatos de la Convención Internacional de la Discapacidad.

ACCESIBILIDAD

También denuncia el incumplimiento del plazo que España se dio en 2003 para que el 4 de diciembre de 2017 todos los entornos, productos y servicios de interés fueran plenamente accesibles. A juicio del CERMI, esta falta de compromiso tiene “efectos nocivos” para las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida, como el empleo, la cultura, la justicia, la salud, el ocio, el deporte y la educación. En este sentido, destaca la necesidad de que se garantice el derecho a la educación inclusiva a todo el alumnado con discapacidad.

Ante los casos de discriminación que se siguen produciendo, Martín Blanco recuerda que la Convención de la Discapacidad entró en vigor en 2008 y que, por tanto, forma parte del ordenamiento jurídico español. Por ello, destaca la relevancia de que los casos de vulneración de derechos se denuncien ante instancias como la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), el Defensor del Pueblo y ante los propios tribunales de justicia.

Eso sí, denuncia que en muchos casos, cuando las personas con discapacidad acuden a la justicia para obtener reparación se encuentran con “muros, procesos y procedimientos que no contemplan nuestra realidad, por no hablar de aquellas barreras actitudinales que cercenan nuestra credibilidad y que resultan terriblemente eficaces a la hora de calificarnos, de juzgarnos y de ubicarnos en posiciones periféricas”.

Pese a todo lo que falta por conseguir, Jesús Martín pone en valor los logros que se han conseguido en España desde la aprobación de la Convención de la Discapacidad, un tratado al que califica como “el gran acontecimiento mundial en clave de inclusión, libertades e igualdad de la ciudadanía con discapacidad”.

La reforma de la ley electoral para devolver el derecho de sufragio a casi 100.000 personas que estaban privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo; la creación en el Congreso de los Diputados y en el Senado de sendas Comisiones de discapacidad con carácter permanente y legislativo; el inicio de los trabajos para reformar la Constitución con el fin de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, y la declaración del 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional de la Discapacidad son algunos de los avances enumerados por el delegado del CERMI.

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