CERMI Mujeres realiza un informe ante el examen periódico universal sobre derechos humanos al que se someterá España en 2020

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  • Las propuestas de la entidad se centran en la lucha contra la discriminación, la violencia, las esterilizaciones forzosas, el empleo y la atención sanitaria

(Madrid, 23 de julio de 2019).- La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha realizado un informe sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en España, ante el examen periódico universal (EPU) al que se someterá el Estado a comienzos de 2020 por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En este contexto, la FCM ha planteado aportaciones en relación a las consultas con organizaciones de la sociedad civil que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto en marcha a fin de completar el informe que España va a presentar como Estado miembro de Naciones Unidas en su examen sobre la situación de derechos humanos.

Además, la FCM, como representante de una parte de la sociedad civil, también presentó el pasado 17 de julio su propio informe a fin de que sea tenido en cuenta por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), organismo que elabora un resumen con toda la información de actores interesados.

El informe remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores analiza la implementación de las observaciones que la ONU hizo a España en su anterior examen, y realiza una serie de recomendaciones al Estado para luchar contra la discriminación múltiple que siguen sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

La FCM pide que se pongan en marcha medidas legislativas para avanzar en materia de igualdad y que se cumplan los mandatos recogidos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

La FCM reclama que España revise su legislación sobre la violencia contra la mujer, tal como recomendó el Comité de la CEDAW, puesto que hay otras formas de violencia que no están contempladas en la ley integral contra la violencia de género de 2004. Así, advierte de que las mujeres con discapacidad se enfrentan a la práctica de esterilizaciones forzosas y violencia ejercida en el entorno familiar, en el lugar de trabajo y por sus cuidadores.

También recomienda que se brinde información y datos sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las formas de violencia contenidas en el Convenio de Estambul, y que se ofrezcan datos específicos de mujeres con discapacidad y de aquellas que residen en entornos institucionalizados. Asimismo, reclama que se realice una macroencuesta específica sobre violencia contra mujeres con discapacidad.

Entre las cuestiones planteadas por la FCM, destaca reformar el Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzadas por razón de discapacidad y arrojar más luz sobre esta realidad; modificar la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo para evitar que un representante legal decida por una mujer con discapacidad sin su consentimiento informado; diseñar planes de impulso de la empleabilidad de las mujeres con discapacidad y de lucha contra la precariedad; desarrollar medidas de apoyo a las emprendedoras con discapacidad, incluidas las que residen en el entorno rural, y que España ratifique el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.

ATENCIÓN SANITARIA

En cuestiones de salud, la FCM recomienda que se recojan datos cualitativos respecto a los servicios de cobertura prenatal, incluida la accesibilidad sensorial, física y cognitiva, además de brindar datos (cuantitativos y cualitativos) acerca de la proporción y la razón de mujeres con discapacidad embarazadas que, al momento de parir, son sometidas a cesáreas.

Recomienda también que se implementen medidas de atención postnatal para las mujeres con discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual y que se elaboren estrategias para mejorar la atención al parto normal.

Por último, la FCM pide que se actualicen, modifiquen y pongan en funcionamiento medidas destinadas a mejorar la atención en la salud primaria, incluida la accesibilidad, la disponibilidad y asequibilidad de los servicios de salud para todas las mujeres, teniendo en cuenta las que tienen discapacidad.

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