Un informe sobre la protección de los Derechos Humanos de los reclusos con discapacidad, nueva publicación del CERMI

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado en forma de libro  un informe-propuesta en el que se examina y contrasta de modo exhaustivo la legislación penitenciaria española con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo tocante a la población reclusa con discapacidad.

Este informe-propuesta es fruto de un trabajo del CERMI para la Dirección General de Políticas de Discapacidad de la Secretaría de

Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Este nuevo título hace el número 23 de la Colección Convención ONU Discapacidad, editada por el CERMI para abordar desde todos los enfoques el análisis, despliegue y aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad, por lo que necesitan con urgencia, según se acredita en esta investigación jurídica, una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad.

La normativa penitenciaria vigente en España desconoce extendidamente la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad, así como omite una acción

positiva sistemática que compense las desventajas que induce el medio carcelario, hechos que colocan a este segmento de la población reclusa en una posición de mayor vulnerabilidad, en un entorno ya de por sí duro y hostil para cualquier persona interna.

El informe se cierra con una completa y fundamentada propuesta de reforma normativa, que se pone al servicio del Legislador y del Gobierno, como posible fuente inspiradora de futuras modificaciones de la legislación penitenciaria.

La redacción del informe propuesta ha corrido a cardo de Patricia Cuenca, Doctora en Derecho e investigadora del  Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid.

Enlace al archivo en línea con el informe propuesta

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