El CERMI saluda que el anteproyecto de ley integral contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia consagre el derecho a la atención temprana 0-6 años

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saluda que el anteproyecto de Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en fase de consulta pública en estos momentos, consagre el derecho a la atención temprana de los niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años, estableciendo el correspondiente deber para las administraciones.
Se da respuesta así a una demanda sostenida del sector social de la discapacidad que venía reclamando que una norma estatal, de rango orgánico, vinculante para todos los territorios, regulara la atención temprana al menos hasta los 6 años como derecho de los niños y niñas y de sus familias.
El texto del anteproyecto de Ley, en su artículo 34, apartado 3, recogiendo una propuesta de CERMI, dispone que “asimismo, las Administraciones sanitarias competentes garantizarán de forma universal la atención temprana desde el nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones del desarrollo o riesgo de padecerlas en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al desarrollo infantil”.
 
Cuando esta Ley sea Derecho positivo, por vez primera una norma de carácter estatal establecerá la atención temprana hasta los seis años como derecho de los niños y niñas y como deber de la Administración pública, superando así un panorama desigual, discontinuo y frágil, en función del territorio de residencia.
Celebrado este avance normativo, el CERMI insistirá en la fase de consulta pública abierta, en otras propuestas en favor de los niñas y niños y adolescentes con discapacidad, como el reconocimiento del derecho a recibir apoyos para un completo e inclusivo desarrollo infantil, más allá de los seis años.
La protección integral de los derechos de los niños y niñas con discapacidad es un imperativo internacional vinculante para España derivado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha de tener su reflejo en la legislación interna sobre menores.
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