CERMI vigilará el compromiso de Celaá de incluir las enmiendas del Consejo Escolar sobre educación inclusiva en la ley

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  • El Consejo Escolar pide, a petición de CERMI, acabar con los centros de educación especial en los que estudian 37.000 alumnos

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) advierte a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de que estará «vigilante» ante su anuncio de incorporar las propuestas de esta organización, aprobadas la pasada semana por el Consejo Escolar del Estado, sobre educación inclusiva del alumnado con discapacidad en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Educación ha avanzado esta semana que estudia incluir 71 de las 121 enmiendas aprobadas por el Consejo Escolar, que son las que el propio ministerio ha aprobado o sobre las que se ha abstenido. De hecho, según avanzó, tiene previsto cerrar la próxima semana cuáles de estas enmiendas incorporará.

Aunque no se ha dado detalle del contenido de las mimas, la propia Celaá desveló también esta semana que algunas de las enmiendas que se incluirán son las presentadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). «Es una ley que apuesta por la inclusión y esto no significa en absoluto una igualación por abajo, sino lo contrario», ha puntualizó la ministra.

Según ha indicado a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, la impresión del movimiento social de la discapacidad, tras el Pleno del órgano consultivo, en el que la comunidad educativa aporta sus propuestas a los proyectos normativos, es «positiva», ya que se aprobaron 24 de las 26 enmiendas en favor del alumnado con discapacidad -aunque se desconoce a cuántas de estas 24 enmiendas dió su apoyo el Ministerio de Educación-.

«El informe del Consejo Escolar del Estado es alentador y estamos expectantes para ver cómo lo refleja el Gobierno. Estaremos vigilantes y seremos beligerantes si no quedan bien reflejadas nuestras propuestas», subraya Pérez Bueno, que advierte de que, en caso de que no sea así, el CERMI recurrirá a la «acción política» e intentará en la tramitación parlamentaria que la futura ley no contenga «timideces e insuficiencias».

A su juicio, «ha llegado el momento» de que se sienten las bases de la educación inclusiva, sin caminos segregadores y paralelos para el alumnado con discapacidad: «ya no cabe más aplazamientos». Además, apunta que el hecho de que su organización haya tenido que hacer estas propuestas pone en evidencia la ausencia de medidas para garantizan un sistema educativo común para todo el alumnado en el anteproyecto de ley del Gobierno.

24 PROPUESTAS

Entre las 24 propuestas, destaca la de incluir en la ley el compromiso con los tratados internacionales, como la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en 2016, y que obliga a los Estados a acabar con los itinerarios alternativos, como el de la Educación Especial, que separa a los alumnos con dificultades de aprendizaje. Según cifras del Ministerio de Educación, en España hay 37.136 alumnos que estudian en centros específicos de educación especial.

A este respecto, Pérez Bueno recuerda que en el pasado verano, Naciones Unidas condenó al Estado español por vulnerar precisamente el artículo 24 sobre educación inclusiva de este tratado, y apunta que con enmiendas como la aprobada por el Consejo Escolar, si el Gobierno incluye esta obligación en la futura ley educativa, España puede salir de esa «quietud, inercia o inacción» y poner en marcha un modelo único «sin dualidad» para todos los alumnos con o sin discapacidad.

Así, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas afirmó que España «segrega» y «excluye» a los alumnos con discapacidad, principalmente intelectual, en el sistema educativo general y advirtió de las «graves violaciones sistemáticas» del derecho a la educación de este colectivo.

Esta fue la conclusión del informe de la ONU que recogió Europa Press, tras examinar ‘in situ’ el caso de España, en una investigación confidencial realizada en 2017. Si bien indicaba que las cifras oficiales reflejan un alto porcentaje de alumnos con discapacidad matriculados en el sistema ordinario, también subrayaba que dentro de éste se produce la exclusión.

Conforme a la jurisprudencia, el Comité recordaba que un sistema inclusivo basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades, requiere la abolición del sistema separado de educación para estudiantes con discapacidad en centros especiales y planteó que los recursos que se destinan a estos se transfieran al sistema ordinario para posibilitar a los alumnos con dificultades de aprendizaje los apoyos necesarios.

SELECTIVIDAD ADAPTADA

El CERMI destaca otras enmiendas aprobadas por este órgano, en el que está representada toda la comunidad educativa, como las relativas a la obligación de las administraciones educativas de dar apoyo formativo a los alumnos con dificultades en enseñanzas postobligatorias –Bachillerato y Formación Profesional–, pues hasta ahora no había una obligación legal. También plantea que la prueba de acceso a la Universidad se realice en condiciones de accesibilidad para el alumnado con discapacidad.

El Consejo Escolar aprobó incorporar en Educación en valores cívicos y éticos una especial atención a la diversidad y prevención de situaciones de abuso y acoso escolar, además de lo ya previsto, como la igualdad entre hombres y mujeres o el respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia. Para el CERMI el alumnado con discapacidad es un colectivo especialmente vulnerable ante situaciones de ‘bullying’.

FLEXIBILIDAD CON EL IDIOMA EXTRANJERO

Asimismo, este órgano dio luz verde a que las adaptaciones metodológicas y las medidas de flexibilización en la enseñanza de lenguas extranjeras al alumnado con discapacidad, en especial el que presenta dificultades de expresión oral, en «ningún caso» se tengan en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

En relación con la Formación Profesional Básica, el Consejo Escolar ha acordado que la nueva ley elimine el límite de edad de los 17 años para acceder a este ciclo. Según argumenta el CERMI, alumnos con necesidades educativas, en ocasiones, agotan las posibilidades de repetición y, por tanto, el tránsito por la educación secundaria obligatoria lo cursa con más edad de la prevista para acceder a la FP Básica.

El CERMI también ha obtenido el apoyo del Consejo Escolar para que tengan prioridad en el área de escolarización los alumnos cuya matrícula en venga motivada también por la «discapacidad recientemente adquirida por cualquiera de los miembros de la familia» y no sólo por el traslado de la unidad familiar o al cambio de residencia derivado de actos de violencia de género.

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