El INE llevará a cabo 5 grandes operaciones estadísticas en materia de discapacidad en 2019

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) llevará a cabo cinco grandes operaciones estadísticas sobre distintos aspectos de la realidad social de la discapacidad en España a lo largo del año 2019, según el plan estadístico nacional para ese ejercicio, aprobado por el Consejo de Ministros y cuyo real decreto regulador publicaba el Boletín Oficial del Estado ayer día 29 de diciembre.

La primera operación estadística prevista para este año 2019 es la continuidad de los trabajos de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de dependencia, que sustituirá a la vigente de 2008, última que se realizó, y que ofrecerá la imagen más amplia, fiel y actual de las personas con discapacidad y en situación de dependencia en España.

En la esfera del empleo y la inclusión laboral, el INE prevé realizar dos relevantes operaciones estadísticas en 2019, una correspondiente al empleo de las personas con discapacidad, de carácter general, y otra referida específicamente al salario de las personas con discapacidad, prosiguiendo así la actividad desplegada en estas materias en los últimos años.

En estas tres operaciones, colaborarán el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, aportando su criterio experto del sector social de la discapacidad en España.

En el ámbito tributario, el plan estadístico nacional recoge la realización por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la operación sobre estadística de los declarantes con discapacidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que aportará información valiosa sobre el impacto de la discapacidad en el principal impuesto del sistema fiscal español.

Otra de las operaciones previstas para 2019, es la estadística de prestaciones no contributivassobre datos de personas beneficiarias de prestaciones socioeconómicas a personas con discapacidad y pensiones no contributivas.

Con el despliegue de todas estas operaciones, se avanza en la materialización del mandato del artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los estados parte, entre ellos España, a la recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad, que les permita formular y aplicar políticas públicas en este dominio.

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