- Esta es la realidad que pone de manifiesto el informe anual del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad en España, que cuenta con la financiación de la Fundación Bancaria La Caixa
- Tanto el CERMI como dicha Fundación han coincidido en poner en valor la importancia de tejer alianzas entre organizaciones sociales y el sector privado para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI) ha lamentado este jueves que “año tras año se repitan las mismas vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad”, como pone de manifiesto el informe que la entidad realiza anualmente para analizar la situación de los derechos humanos en materia de discapacidad en el conjunto del Estado español.
En estos términos se ha expresado el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, durante un encuentro informativo celebrado en la sede de Servimedia de Torre ILUNION.
El acto, conducido por el director general de la agencia de noticias, José Manuel González Huesa, ha contado con la participación de la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, y de la directora del Departamento de Colaboraciones con Entidades Sociales del Área Social de la Fundación Bancaria La Caixa, Joana Prats.
Precisamente, dicha Fundación contribuye económicamente a que el CERMI pueda realizar su informe anual sobre derechos humanos y discapacidad en España, lo que en palabras tanto de Pilar Villarino como de Jesús Martín “es una muestra de la importancia de este tipo de colaboraciones, porque desde las entidades bancarias se puede contribuir a mejorar la sociedad”.
En este sentido, Joana Prats ha puesto en valor el valor añadido que aporta a la Fundación Bancaria La Caixa el hecho de colaborar con entidades como el CERMI. “Nosotros creemos que es importante el trabajo que está haciendo el CERMI y tener el informe, aunque haya aspectos que nos duelan, es la única manera de disponer de la información y poder mejorar como sociedad”, ha añadido.
CUMPLIR LA CONVENCIÓN
El delegado del CERMI de Derechos Humanos ha explicado, a partir de la información que contiene el décimo informe del CERMI, correspondiente a 2017, que “lo esencial es que se cumpla de manera real y efectiva la legislación vigente, empezando por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento por parte de los países que la han ratificado, entre los que se encuentra España”. En su opinión, es fundamental adaptar el ordenamiento jurídico español a este tratado internacional.
Jesús Martín ha subrayado que el ámbito sobre el que más denuncias se siguen recibiendo es el de la accesibilidad universal, “pese a que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que se dio España en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles, algo que claramente se ha incumplido y que supone un fracaso como sociedad”.
En el último informe, tras la accesibilidad, los aspectos que han motivado en 2017 más denuncias han sido el del empleo y el derecho a una vida independiente (artículos 27 y 28 de la Convención, respectivamente). Del mismo modo, Martín ha criticado que se siga vulnerando en España el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, como ya puso de relieve el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en un informe “en el que yo no reconocía a mi propio país”.
Por otro lado, Jesús Martín se ha referido a la “especial vulnerabilidad” de las personas con discapacidad que residen en el entorno rural, cuyas reivindicaciones recogía el CERMI la pasada semana en la ‘Declaración de Cuenca’, un documento político aprobado por el Comité Ejecutivo de la entidad. “La Convención de la Discapacidad es de obligado cumplimiento también para las administraciones locales, provinciales y autonómicas, y desde el CERMI no vamos a dejar a estas personas atrás”, ha remachado.
Pese a todo lo que queda por mejorar en materia de derechos de las personas con discapacidad, el delegado del CERMI de Derechos Humanos ha incidido en aspectos relevantes de mejora que se han producido, como es el caso de la inminente aprobación de la reforma de la ley electoral para devolver el derecho al voto a las 100.000 personas con discapacidad privadas del mismo.
Por ello, se ha mostrado optimista de cara al futuro sobre la mejora en la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. “El tejido asociativo de la discapacidad seguirá trabajando con fuerza, porque a las personas con discapacidad nos gustan los retos. Está en nuestro ADN”, ha aseverado.