CERMI CV califica de “absolutamente intolerable” la denegación del acceso a una pizzería en la Comunidad Valenciana a un grupo de personas usuarias de sillas de ruedas

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  • Se trata de un  grave hecho que vulnera frontalmente la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

 

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) ha calificado de “absolutamente intolerable” la discriminación sufrida por un grupo de personas con discapacidad del Centro de Día de Velluters (Valencia) por parte del propietario de una pizzería al negarles una reserva para almorzar por ser usuarias de sillas de ruedas.

Como recoge COCEMFE CV en un comunicado, los hechos, conocidos esta semana, sucedieron el pasado 12 de enero, al dirigirse telefónicamente un trabajador social del Centro de Día de Velluters a la Pizzería Firenze, ubicada en la calle Maestro Palau, para reservar una mesa para el almuerzo, tal como había hecho en las últimas 3 semanas, en el contexto de una actividad de ocio y tiempo libre habitual para personas mayores y con discapacidad del centro.

Aquel día, en cambio, la respuesta fue negativa por parte del dueño del establecimiento, quien afirmó que le venía “mal” que fueran personas en silla de ruedas porque “era un lío” y porque temía perder a sus clientes habituales, tal como figura en la reclamación interpuesta ante la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por los responsables del Centro de Día de Velluters.

De esta forma, CERMI CV respalda el comunicado de COCEMFE CV y lamenta que estos hechos tan súmamente graves sigan sucediendo en pleno siglo XXI.

En este sentido, el presidente de CERMI CV, Luis Vañó, ha señalado que “cada discriminación a una persona con discapacidad es un ataque a todo el colectivo” y que se debe perseguir estos comportamientos de forma contundente, si cabe todavía más, disponiendo también de más recursos para prevenirlos.

Vañó ha recordado que el Código Penal castiga como delito este tipo de hechos, “y no tenemos que olvidar nunca que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, proclama el derecho inamovible de las personas con discapacidad a acceder a las actividades de ocio en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano”. Así, ha hecho hincapié en que dicho tratado es de obligado cumplimiento no solo por las  instituciones públicas, sino también por los operadores privados, como pueden ser establecimientos de ocio. Asimismo, ha advertido que la Convención recoge el derecho al ocio en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

 

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